
La transformación del departamento en el nuevo
Ministerio de Sanidad y Política Social es una
buena noticia para el
Estado de bienestar y salva de una, más que previsible y temida, desaparición del rango ministerial de la sanidad. No obstante, creemos que existe el
riesgo de que, dado el perfil de la
nombrada Ministra Trinidad Jiménez, quede rebajada su importancia en favor de preferencias sociales y segregada en la recién creada
Secretaría de Estado de Sanidad.
La
integración en un mismo departamento ministerial de las
políticas estratégicas de carácter social y sanitario tienen una base más que
razonable y responde a una larga e intensa
demanda técnica, profesional y ciudadana de lo que se ha conceptualizado como
necesidades y servicios sociosanitarios,
íntimamente relacionados y recíprocamente influidos pero, por desgracia, tradicionalmente
descoordinados. Teniendo en cuenta que muchas situaciones de
dependencia tienen su raíz en problemas de salud (artrosis, ictus, demencia, etc.) no es difícil argumentar los
mutuos beneficios que una mayor coordinación tendrá para
SNS (Sistema Nacional de Salud) y
SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia). Al mismo tiempo, es una ocasión de
reactivar la estrategia de cohesión entre las diversas CC AA en un verdadero
Sistema integrado sociosanitario, constituido por ambos
SNS y
SAAD.

Desde nuestro punto de vista, la
Inspección Sanitaria de las diferentes
CC AA, coordinada por una reorganizada
Alta Inspección, podría contribuir a un mayor grado de
transparencia y validación institucional de la información sanitaria del SNS que, sin duda, es uno de los principales defectos que socava una auténtica
cohesión estatal. Así, es evidente que no hay un sistema de información regional de
Listas de Espera Quirúrgica (LEQ) que no esté
bajo sospecha de manipulación, sea cual sea el partido político gobernante (Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco, etc.). Y éste es sólo un ejemplo, aunque paradigmático. La
información que se maneja en el SNS es la que proporcionan los propios interesados, cuando lo hacen, y se toma por cierta como un acto de fe,
sin controles externos que validen su calidad.
Las bases prácticas ya existen y funcionan a satisfacción de la Administración central y de las autonómicas: el
"Plan de Auditorías de Acreditación Docente del Sistema de Formación MIR". Y también, aunque con menor profundidad y desarrollo, tenemos el proyecto de las
"Líneas Estratégicas Comunes de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud" (aprobado en Consejo Interterritorial de diciembre de 2007).
Creemos posible y beneficioso para el conjunto del Sistema que la
Inspección Sanitaria participara en el
Pacto por la Sanidad, al menos en
tres de los comités institucionales creados:
Comité sobre Cartera Común de Servicios Sanitarios y Unidades de Referencia del SNS,
Comité de Políticas para la Racionalización del Gasto Sanitario y
Comité de Políticas de Calidad e Innovación. Ello no implicaría prácticamente cambios normativos y el compromiso político daría la
respuesta de transparencia y fiabilidad que el conjunto de la sociedad está reclamando de sus
sistemas de bienestar social, demasiado afectados por debates partidistas en la actualidad.
En este sentido, la
FAISS (Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios) se dirigirá próximamente a la nueva Ministra para hacerle llegar el interés del colectivo que representa en
participar en las futuras consultas que para el desarrollo del
Pacto por la Sanidad se hayan de tener con los diversos profesionales del Sistema.

En cuanto a los
protagonistas del relevo, creemos que la breve (menos de dos años, desde julio de 2007) etapa de
Bernat Soria ha pasado con más pena que gloria. No acometió la necesaria reforma de la Ley contra el
tabaco, se le escapó la tramitación de la del
aborto y, lo peor de todo, perdió la gestión de la investigación biomédica del
Instituto de Salud Carlos III con sus tres grandes centros monográficos
CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, de 1998, dirigido por Barbacid),
CNIC (Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, de 2003, dirigido por Fuster) y el más reciente
CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, 2008); además de la
Escuela Nacional de Sanidad y otros centros relacionados con la salud pública y laboral.
El nombramiento de Soria fue, a la postre, la
distracción de un buen investigador para gestionar, con conocimiento de causa, una
investigación biomédica que luego le fue
sustraída. La verdad es que aquí el Presidente del Gobierno ha parecido más uno de esos malos presidentes de club de futbol que fichan buenos y caros jugadores para que luego no jueguen en el puesto en el que son brillantes, con frustración para todos. En su favor, además del lanzamiento del
Pacto por la Sanidad, Bernat siempre apareció como un personaje
dialogante, educado y con gran sentido del humor hasta el final.

La nueva Ministra de
Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez, es malagueña (1962), licenciada en derecho y experta en temas internacionales, habiendo pasado en los últimos años desde el Ayuntamiento de Madrid (2003-06) a la Secretaría de Estado de Iberoamérica (2006-09) y
ahora al Ministerio, con el comentario del Presidente del Gobierno (con quién tiene una estrecha relación) de que tiene
"capacidad política y sensibilidad social".
De sanidad no consta que tenga conocimiento por lo que podría temerse un decantamiento hacia su
experiencia social, con menoscabo de aquélla. Sobre todo si, como se presupone, tiene que acabar poniendo en marcha la
"Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia", que se promulgó como un
proyecto estrella y ya va por su tercer Ministerio desde 2006 (tras Trabajo y Educación). Y resolver el, que ya casi nadie niega, fracaso de aplicación de la Ley,
atascada entre una
insuficiencia de recursos (pésimamente presupuestada) y una evidente
descoordinación entre la Administración Central (legisladora y financiadora) y las CC AA y ayuntamientos (competentes en la gestión social). Valga como ejemplo que, de los cerca de
900.000 solicitantes, se ha reconocido el derecho a
600.000, pero es una incógnita cuantos de éstos perciben efectivamente su prestación.
José M.ª Morán Llanes es Médico Inspector, Máster en Salud Pública, Vicepresidente de la FAISS y Presidente de la AISSMa.