28 de junio de 2006

Comunicado Conjunto FADSP & FAISS sobre las Medidas de Reforma de la Incapacidad Laboral


La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) han realizado un “Comunicado Conjunto a los Medios y a la Opinión Pública en General, en Relación con las Medidas de Reforma de la Gestión de la Incapacidad Laboral Introducidas por el Gobierno” que, por su extensión, extractamos a continuación. Quien lo desee puede acceder al documento original en el sitio web de la FAISS o haciendo clic sobre el titular de este artículo.

El gobierno ha introducido cambios en la regulación de las bajas laborales sin una suficiente explicación y debate. Las nuevas medidas dan mayores competencias al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y al Instituto Social de la Marina (ISM) para intervenir en el tratamiento y control de las personas de baja laboral por enfermedad en detrimento de los Servicios Públicos de Atención Primaria y de la Inspección Médica, competencias que en un futuro se trasladaran previsiblemente también a las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS).

La reforma legal asienta esencialmente sobre dos conjeturas: El fraude sistemático de los trabajadores de baja por enfermedad y la mejor capacidad de gestión del INSS y de las Mutuas. Ambas cuestiones no han sido demostradas ya que el gasto de la Incapacidad Temporal (IT) está condicionado por múltiples factores, en muchos casos ajenos a los pacientes y profesionales sanitarios (precariedad y temporalidad laboral, malas condiciones de trabajo, crisis económica, mala organización del sistema sanitario, listas de espera, etc.)....

Consecuencias de la aplicación de estas medidas:
1.-Teniendo en cuenta los antecedentes de normativas previas que cambiaron la gestión y la responsabilidad de la IT durante los años 1995 a 1997, y que dieron lugar a que el INSS y la Mutuas pasaran a controlar a los trabajadores en baja, podría esperarse que estas nuevas modificaciones también pudieran ampliarse a las Mutuas y que se avanzará en un proceso de descapitalización de la asistencia sanitaria pública, desviando importantes fondos al sistema privado.
2.-Dada la actual falta de recursos del INSS para llevar a cabo estas medidas introducidas con las modificaciones legales referidas, parece inevitable que se traslade al sistema privado una parte importante de la asistencia sanitaria actualmente gestionada por el sistema público, otorgando a las Mutuas Patronales un papel relevante y fundamental en el tratamiento y gestión de las bajas por enfermedad de todas las personas con contrato de trabajo de este país.
3.-Profundizará en el proceso de deterioro de la Atención Primaria de Salud y de la Inspección Sanitaria reduciendo su capacidad y responsabilidad para tratar y controlar a las personas trabajadoras que enferman, con garantía de sus derechos. El INSS y las Mutuas Patronales que actualmente pueden citar, estudiar y tratar a los enfermos de baja, con la nueva normativa, podrán emitir el alta, incluso contra el criterio de sus Médicos de Cabecera y de la Inspección.Además de desacreditar a los Médicos de Familia e Inspectores Médicos, la propuesta atenta contra la integridad y cohesión de la asistencia sanitaria y crea un sistema privado paralelo al sistema público.
4.-Se aumentará de manera generalizada el peligro de intromisión en la confidencialidad de los datos sobre salud y enfermedad de todas las personas en edad de trabajar, que eventualmente pueden quedar a disposición de las empresas privadas que los contraten, como ya ha sucedido.
5.-Incrementará la desigualdad, perjudicando la equidad, ya que concede prioridad, por razones económicas, a la atención de determinados colectivos de trabajadores de baja laboral que verán reducidos sus tiempos de espera para pruebas diagnósticas o tratamientos en detrimento de otros colectivos sociales como, niños, jubilados, trabajadores en paro, amas de casa, etc.
6.-Supondrá un incremento de recursos materiales, humanos y financieros de estas dos entidades que ya han aumentado espectacularmente los gastos burocráticos de la gestión de la IT sin haber reducido el gasto total derivado por las bajas laborales....

Propuestas para mejorar la gestión de la IT sin reducir derechos a trabajadores y ciudadanos en general, y sin deteriorar el Sistema Sanitario Público (Sistema Nacional de Salud):
1.-Restablecer la unidad e integridad del sistema de asistencia sanitaria y gestión de las bajas por enfermedad (IT):
# Mantener a los Médicos de Familia como los responsables de la asistencia sanitaria y gestión de las bajas laborales.
# Devolver a los Inspectores Médicos de los servicios públicos de salud la función de control y supervisión de estas prestaciones.
# Suprimir la capacidad para controlar, citar, solicitar pruebas, aplicar tratamientos y dar el alta de la IT que ostentan el INSS y las Mutuas Patronales.
2.-Desburocratizar y simplificar los procedimientos, documentos, datos, controles y partes semanales.
3.-Poner en marcha una estrategia integral (incidiendo sobre todos los determinantes del crecimiento de la IT) e integrada (coordinando las actuaciones de todos los sectores y recursos implicados), dotada de medios y recursos suficientes.
4.-Potenciar y dotar adecuadamente la Atención Primaria de Salud y la Inspección Médica, para garantizar su capacidad resolutiva y el control de los enfermos de baja.
5.-Poner en marcha una estrategia para mejorar la eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera, que prolongan inexorablemente las bajas por enfermedad.
6.-Abandonar la estrategia privatizadora de la gestión de la IT, reintegrando las competencias y recursos en manos de las Mutuas al Sistema Nacional de Salud.
7.-Dar participación a todos los sectores y agentes sociales implicados en el problema, en la planificación, gestión y control de las bajas por IT.

Entre otros medios que se han hecho eco del comunicado se encuentra la versión electrónica de la revista Jano,
JanoOnLine.

1 comentario:

Ana Palomino dijo...

Hace unos días, he escuchado repetidamente en los medios que el Ministerio de Trabajo "va a incrementar las medidas de presión para evitar el fraude en la prestación, y que es un mal mecanismo de gestión que el reconocimiento al derecho de la prestación pertenezca a un Organismo diferente al Organismo pagador" por lo que envío otra opinión para publicar.

Dada mi experiencia controlando la adecuación de la prestación durante 15 años mi opinión es:
1º Que el presunto fraude en la prestación habría que demostrar si existe y cuantificarlo.
2º Lo que si considero un mal mecanismo de gestión es el incremento de las medidas de presión, si habría que optimizar que los facultativos que asumen la carga del reconocimiento del derecho, los de Atención Primaria, tuviesen el tiempo necesario para asistir los pacientes, y no existiesen demoras exageradas en las esperas para los facultativos especialistas o consultores, quienes además tienen en exclusiva el acceso a las pruebas diagnósticas que permiten discernir la veracidad de los síntomas alegados por los pacientes, usuarios, o clientes o cotizantes que requieren baja laboral por estar incapacitados transitoriamente para su puesto de trabajo.
3º El Servicio Público de Salud que reconoce el derecho a la prestación es el que posee la red sanitaria óptima para el diagnóstico y recuperación de
los trabajadores. ¿Qué se está planteando, la creación de una pseudored sanitaria paralela? ¿ Van los controladores de IT a asumir la asistencia sanitaria de los trabajadores enfermos e incapacitados?
4º Que "las medidas de presión" pueden por "exceso" desmotivar la efectividad del análisis de la situación de un trabajador por el facultativo responsable. Es poco inteligente exigir informes con más periodicidad de la precisa, es un atropello para el ciudadano enfermo citarle porque sí, para finalmente comprobar que si la baja se ha prolongado ha sido porque tuvo que esperar para una prueba diagnóstica o recibir un tratamiento más de lo que sería razonable.
5º Cuando se cita a un paciente se tiene delante una persona sufriente, que ha cotizado para acceder a un derecho, no se puede prejuzgar que tenemos
delante a un delincuente.
6º A finales de 1994 se proyectó la colaboración de las Mutuas en el pago de la prestación de IT, ¿alguien ha expuesto con cifras si ha sido efectivo?

Ana Palomino
Médico de la Inspección Sanitaria de Madrid

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