Comunicado de la AISSMa sobre los Descuentos por Enfermedad a los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid
El 28 de diciembre de 2011, la Comunidad de Madrid aprobó la Ley 6/2011, de Medidas Fiscales y Administrativas, que acompaña (“Ley de Acompañamiento”) a la Ley 5/2011, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, por la cual penaliza gravemente las bajas por enfermedad de sus trabajadores públicos.
Esta disposición, supone que la Comunidad de Madrid no pagará el complemento de las retribuciones de sus empleados públicos, aparte de lo que abona la Seguridad Social, por la prestación por Incapacidad Temporal (IT), que es: 0%, los tres primeros días; 60%, del 4.º al 20.º; y 75% a partir del 21.º día. Hasta ahora e históricamente, en el ámbito de las Administraciones Públicas, se complementaba hasta el 100% el salario del trabajador en caso de baja por enfermedad. Y la mayoría de las empresas privadas mantienen acuerdos similares con sus trabajadores.
Sin dicha complementación, y como ejemplos: en el caso de 1 mes de baja, un facultativo con base reguladora de 3.230 €/mes, dejaría de percibir 1.325 €; y una enfermera con base reguladora de 2.006 €/mes, perdería 823 €.
En relación con ello, la AISSMa, quiere comunicar a la opinión pública lo siguiente:
1.º-Consideramos la medida como un despropósito irracional que afectará gravísimamente a todos y cada uno de los trabajadores de la Administración de la Comunidad de Madrid y un retroceso histórico en los derechos sociales adquiridos. Las cuantías que se dejarán de percibir, en caso de IT, serán en muchos casos inasumibles, máxime en la situación de crisis, disminución y congelación salarial previa que viene sufriendo el colectivo de empleados públicos de la Comunidad de Madrid y la situación de necesidad que conlleva el padecimiento de una enfermedad.
2.º-El argumento de disminución del absentismo que se ha dado para imponer la medida es una falacia malintencionada. No es lógico disminuir el absentismo reduciendo drásticamente la prestación por IT, dado que eso supone considerar a todos los trabajadores absentistas, y por ello es una medida que no discrimina entre enfermedad justificada o no, ni entre grave o banal. Contraer una enfermedad, sobre todo grave, cáncer, enfermedades crónicas, accidentes de dificultosa recuperación, etc., va a suponer un verdadero castigo para el trabajador público. ¿Cómo contemplar este trato por quien se esfuerza, cumple, trabaja, nunca ha estado enfermo en años y tiene la mala suerte de contraer una enfermedad? Esta decisión definitivamente enturbia cualquier política razonable de recursos humanos que se quiera plantear.
3.º-La Inspección Sanitaria lleva controlando la IT históricamente y conoce en profundidad toda la casuística que rodea a los procesos de baja y los mecanismos de intervención más adecuados. Por ello, consideramos que el absentismo debe combatirse con medidas de control y fiscalizadoras del absentista-rentista y con programas específicos destinados a tal fin.
Debe conocerse que el año 2010, en la Comunidad de Madrid, se diseñó y comenzó a ejecutar un programa de control de la IT sobre el personal propio que supuso un ahorro de cerca de 28 millones de Euros. Y los resultados para 2011, se prevén similares. Esta sí es una actuación razonable y objetiva, centrada sobre las desviaciones detectadas y no la irracional e indiscriminada medida que ha evacuado el Gobierno de Madrid. Además, si este programa se extendiera a la población general, superaría con creces el pretendido ahorro que se quiere conseguir, para la Seguridad Social en su conjunto, por lo que claman desde el mundo empresarial.
Desde la Inspección Sanitaria reclamamos desde hace años, más medios, personal y programas específicos y coherentes para luchar contra el absentismo y que se coordine y homogenice urgentemente la actividad inspectora en el control de la IT, que actualmente se dispersa en distintas entidades: Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Mutuas (MATEPSS), requiriendo un Plan Estatal en este sentido.
4.º-Consideramos que la razón de esta decisión obedece exclusivamente a motivos de ahorro estricto y aún así no puede entenderse en el marco de las cifras de déficit que ha anunciado la Comunidad, muy por debajo del déficit del Estado, lo que ha llevado a anunciar públicamente, por el Consejero de economía, el posible planteamiento de bajar impuestos minorando los mismos en el tramo autonómico del IRPF. ¿Cómo comprender que el Estado Central suba impuestos y Madrid los baje y, al mismo tiempo, recorte indiscriminadamente una prestación tan necesaria como la Incapacidad Temporal (IT)? ¿Cómo entender que esto ocurra mientras se dice por el Consejero de economía que bajar impuestos “nos lo podemos permitir porque tenemos las cuentas y las finanzas más equilibradas”?
5.º-En el ámbito sanitario, desde que se produjeron las transferencias sanitarias del Insalud a las Comunidades Autónomas el 1 de enero de 2002, venimos observando una grave quiebra en la estructuración homogénea del Sistema Nacional de Salud (SNS), y así, agudizado por la crisis económica actual, cada Servicio Regional de Salud está tomando sus propias medidas, rechazando enfermos de otras comunidades o eliminando prestaciones por motivos económicos, etc... Esta medida va a suponer en este sentido un paso más en el camino de la ruptura de la necesaria solidaridad interterritorial, acentuando las diferencias entre trabajadores públicos de una y otra región.
6.º-Los Sistemas de Seguridad Social surgieron en sus comienzos para subvenir las necesidades de los trabajadores cuando caían enfermos, los cuales quedaban desprotegidos tanto económicamente como frente a la enfermedad en si misma. Consideramos que esta medida atenta directamente contra pilares básicos del estado de bienestar y de protección social frente a la adversidad. Es inexplicable que se acometa cuando es notorio el despilfarro del dinero público ocurrido en estos últimos años y cuando la corrupción de naturaleza política está presente a diario en la vida de la sociedad española.
Por todo lo dicho, manifestamos nuestra firme oposición a la medida y pedimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid su retirada.