Jornadas y Eventos de Diciembre de 2009

30/11/2009, Madrid
“10 Años de Gestión Clínica y Sanitaria”

La celebración tendrá lugar hoy 30 de noviembre, de 09:30 a 18:00 h, en la Residencia de Estudiantes del CSIC (C/ Pinar, 21-23 - Madrid).

Tras 10 años de existencia, y con una tirada de 8.000 ejemplares por número, Gestión Clínica y Sanitaria (GCS) se ha convertido en una referencia imprescindible para los profesionales que trabajan en el campo de la economía y gestión de la salud en España.

Con motivo de dicho aniversario, GCS celebrará el lunes 30 de noviembre en Madrid una jornada abierta de reflexión que contará con la participación de editores, colaboradores de la revista, destacados líderes de la investigación, reflexión y gestión sanitaria y de todos aquellos lectores y personas que quieran participar en las sesiones y debates.

GCS es una revista trimestral de publicaciones secundarias editada conjuntamente por el CRES (Centre de Recerca en Economía i Salut de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), la Fundación Gaspar Casal (Madrid) y el IISS (Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, Valencia). Su contenido fundamental son comentarios y resúmenes estructurados de artículos originales publicados en revistas clave de investigación en servicios sanitarios, incorporando también artículos editoriales, revisiones de textos clásicos, notas de divulgación metodológica e información sobre recursos bibliográficos y electrónicos relacionados con el ámbito de la publicación. Entre los referentes de este tipo de formato se cuentan revistas como American College of Physicians (ACP) Journal Club, o Evidence-Based Medicine.

02/12/2009, Madrid
Presentación de la Cátedra “Salud y Excelencia”

El próximo 2 de diciembre de 12:45 a 14:10 h tendrá lugar en la presentación de la Cátedra “Salud y Excelencia”, fruto del convenio de Áliad con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La Cátedra Salud y Excelencia se ha creado para promocionar el desarrollo y la difusión del conocimiento en formación, investigación e innovación en el sector sanitario, sobre todo para la actividad sanitaria privada. Nace con el ánimo de proporcionar a alumnos y profesionales un foro de encuentro para los interesados en el impulso de estos importantísimos temas en la sanidad privada.

El acto tendrá lugar en el Aula Especial Profesor Laín Entralgo de la Facultad de Medicina de la Universidad y en él se presentarán los fines y el plan de acción de la Cátedra, se impartirá una conferencia clave sobre seguridad de pacientes y se entregarán el informe de lanzamiento y un obsequio de recuerdo a los asistentes.

En dicha presentación intervendrá nuestro compañero y amigo José María Ruiz Ortega, Presidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios (AEGRIS), que pronunciará la conferencia “La Seguridad de los Pacientes en el Siglo XXI”.

En los siguientes enlaces pueden obtenerse el programa y la ficha de inscripción.

Para cualquier aclaración, ponerse en contacto con el Área de Comunicación de Áliad, en el teléfono 91-357-1550 o en el correo comunicacion@aliad.es.

02/12/2009, Madrid
“Efectos del Cambio Climático en la Salud”

Organizada por la Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC), tendrá lugar el próximo 2 de diciembre, a las 16:30 h, en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), en la Plaza de Las Cortes, 11 - 3.ª planta, de Madrid.

El cambio climático es un problema global e ineludible que según las predicciones de los expertos tendrá un especial impacto en España. Su magnitud y amplitud sobre la salud humana hacen necesario un compromiso activo de la profesión médica para actuar sobre el problema, concienciando, informando y formando a los médicos y a la sociedad para que podamos afrontar con eficacia y competencia el desafío que estos cambios suponen para la salud pública.

Consultar a continuación: el programa y la invitación para asistir.

04/12/2009, Madrid
“Jornada sobre Incapacidad Temporal”

Organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales de Madrid (SEMG), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, desde las 09:00 hasta las 14:30 h, en el salón de actos de la Mutua IberMutuaMur, en la C/ Ramírez Arellano, 27 de Madrid.

En dicha Jornada, centrada en la comunicación entre los diversos actores de la prestación, intervendrá la Subdirectora General de Inspección Sanitaria y Farmacéutica, Dra. Gloria Calpena. La clausura correrá a cargo del Director General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.





15/12/2009, Madrid
“Premios a la Calidad del Sistema Nacional de Salud 2008”

El próximo día 15 de diciembre en el Salón de Actos "Ernest Lluch" del Ministerio de Sanidad y Política Social, Paseo del Prado 18-28, Madrid, en un acto presidido por la Ministra D.ª Trinidad Jiménez Garcia-Herrera, se entregarán los Premios a la Calidad del Sistema Nacional de Salud correspondientes a la convocatoria del año 2008.

Por motivos de limitación de aforo es necesaria la inscripción, de carácter gratuito.

17/12/2009, Madrid
“Jornada Informativa sobre los Nuevos Reales Decretos de Productos Sanitarios”

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organiza el próximo día 17 de diciembre una jornada informativa con el objetivo de dar a conocer los aspectos mas significativos de los nuevos reales decretos por los que se regulan los productos sanitarios, en particular las modificaciones que supondrán cambios en los procedimientos que tienen que seguir las empresas para su cumplimiento, así como recoger las preguntas y sugerencias del sector para la aplicación práctica de la norma.

En el mes de noviembre se publicaban estos dos nuevos reales decretos de productos sanitarios, el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y el Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos.

Estos reales decretos vienen a sustituir la reglamentación española existente en la materia, integrando en un único texto todas las modificaciones sufridas por los Reales Decretos anteriores, Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo y Real Decreto 634/1993, de 3 de mayo, respectivamente. Además, se incorporan los cambios relativos a la transposición de última directiva comunitaria, la Directiva 2007/47, de 5 de septiembre, así como algunas disposiciones encaminadas a introducir determinadas obligaciones derivadas del Reglamento CE n.º 765/2008 sobre la comercialización de los productos.

Los nuevos reales decretos también tienen en cuenta aspectos exclusivamente nacionales, como son la adaptación a la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, la reducción de cargas administrativas para empresas y ciudadanos y la adecuación a los objetivos de la administración electrónica.

•Lugar: Salón de actos del Ministerio de Sanidad y Política Social. Paseo del Prado 18-20. 28014. Madrid
•Inscripciones: La inscripción es gratuita y abierta hasta que se complete el aforo, reservándose la AEMPS la posibilidad de seleccionar los asistentes en función de su perfil profesional.
•Programa preliminar

Sobre la Ley 6/2009, de Libertad de Elección en la Sanidad de la CM; por J Morán

Como ya se anunció en nuestro servicio de noticias en Twitter, el pasado 18 de noviembre se publicó en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En este momento no queremos profundizar en reflexiones sobre la pertinencia de la norma, ni de la necesidad o no de establecer un “Área de Salud Única integrada” para poder ejercer la libre elección. De todo esto diríamos -si no fuese tan manida la frase- que han corrido ríos de tinta en todos los sentidos. La versión de la Consejería de Sanidad es, lógicamente, optimista. Todo lo contrario de lo que prevé la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), que ha editado un folleto y un tríptico, que hace una valoración pesimista del escenario que se presenta y en el que se intuyen otros argumentos mas prosaicos (las oportunidades de negocio con la salud) que el interés de los ciudadanos.

Ni siquiera queremos reflexionar sobre la redacción de la propia Ley, tan parca de texto que obliga a esperar a las normas de desarrollo para poder colaborar aportando nuestra opinión. Por el momento, sólo unos breves apuntes.

En principio, desde el punto de vista puramente normativo, según el art. 56 de la LGS (Ley 14/1986, General de Sanidad), «las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos. Extenderán su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000.» Y aunque se dice que cada provincia tendrá, como mínimo, un Área, no parece que el legislador estuviera previendo una de 6.000.000 personas, 24 veces el tamaño máximo previsto.

Encuesta de satisfacción de Atención Primaria 2008

La justificación de que la reforma tiene como objetivo mejorar la satisfacción de los usuarios del sistema no se sostiene. Los propios estudios de satisfacción de la Consejería de Sanidad presentados en abril de 2009, y referidos a septiembre-octubre de 2008, revelan un alto grado de satisfacción en Atención Primaria (el 88% está satisfecho globalmente con la asistencia recibida) y Especializada (la satisfacción global con la asistencia supera el 80% en la mayoría de los hospitales, siendo frecuente el 90%). No parece que vaya por la vía de la elección libérrima la queja mayoritaria de los pacientes que, por el contrario, si ven una falta de coordinación entre niveles asistenciales (sólo el 33% creen que la coordinación con el especialista es buena). Y el planteamiento de circular por toda la comunidad no presume que vaya a ser una mejora sino todo lo contrario. Por otra parte, la libre elección de Médico General y Pediatra y la libre elección de Especialista dentro del Área de Salud ya son derechos consolidados y que parecen cumplir su papel sin que se “sobredemanden” ni se “sobreutilicen”, como parece auspiciar la nueva Ley. En caso de que hubiera existido una demanda real en este asunto, creo que habría sido suficiente con redefinir el ámbito de elección entre áreas sin necesidad de fusionarlas todas en una. Con todo ello, es para pensar que en esta estrategia la Consejería de Sanidad sigue aquel dicho de: «Como se que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo».

Sin duda, la integración de todo el mapa sanitario autonómico en una sola unidad, permitirá movilizar territorialmente recursos humanos con mucha más facilidad que hasta ahora, en función de las necesidades del servicio y de otros criterios, lo que puede crear inquietud e inseguridad laboral.

Pero con todas las dudas e inconsistencias argumentales expuestas, lo más preocupante es la previsible incapacidad operativa de llevar a cabo esta estrategia y el presumible caos organizativo resultante. Al menos, en el medio plazo. Porque se echan en falta dos instrumentos básicos para su desarrollo. En primer lugar, la existencia de un sistema de gestión de pacientes e historia clínica integrada para toda la Atención Primaria de Madrid (actualmente, 11 áreas de salud y cerca de 400 centros asistenciales). A día de hoy, cada una de las 11 áreas de salud tiene un sistema común para sus propios centros: el conocido “OMI-AP”. Éste programa funciona razonablemente bien, pero sólo conecta entre sí a los centros de su área y no con los de las otras 10 áreas de salud. Para subsanar este problema hace más de un año que se trabaja en el proyecto “AP-Madrid”, aunque los resultados de la fase de pruebas con 6 centros no son satisfactorios y, si no parece fiable el avance a una fase de 20 centros qué puede esperarse de alcanzar el total del conjunto de la Comunidad de Madrid (CM).

Actual mapa sanitario de 11 áreas de la CM

En segundo lugar, de los 32 hospitales de la CM, sólo 6 de los 8 “Nuevos Hospitales” (aparte Puerta de Hierro y Valdemoro) tienen un sistema de gestión de pacientes e Historia Clínica Electrónica (HCE) comunes e “interoperables”. Pero además, la integración con Atención Primaria es deficiente o inexistente. Y los demás 24 hospitales son entes aislados del resto de la red y de sus territorios de Atención Primaria de referencia. ¿Es posible garantizar la circulación de pacientes en estas condiciones?

Finalmente, desde un punto de vista más doméstico, queremos hacer notar que la norma afectará notablemente a la Inspección de Servicios Sanitarios y, por tanto, su papel deberá estar recogido en las propias normas de desarrollo. ¿Qué efectos tendrá el “Área de Salud Única integrada” en la organización territorial y funcional de la Inspección? ¿Cómo afectará la libre elección al control que realiza la Inspección de las prestaciones sanitarias (principalmente, control de la incapacidad temporal y visado de recetas)? ¿Qué funciones desarrollará la Inspección con respecto a la libre elección? Ahora lo tiene, en el rechazo de pacientes por médicos y enfermeros, regulado por la misma normativa que garantiza la libre elección.

Suponemos que la Dirección General de Ordenación e Inspección, para la que trabajamos la mayoría de los asociados (cada vez cuesta más escribir: “...estamos seguros de que nuestra Dirección General...”), tiene claros todos los aspectos previstos, aunque para ello no haya recabado la opinión de la mayoría de sus técnicos, ni de esta Asociación.

José M.ª Morán Llanes es Médico Inspector, Máster en Salud Pública y Presidente de la AISSMa.

La Gestión Privada de Servicios Públicos es una Estafa; por S Porras

Presentación; por J Morán

En el n.º 123 de la revista Salud 2000, editada por la Federación de Asociaciones de Salud Pública (FADSP), correspondiente al mes de septiembre 2009, se publicaba el artículo titulado ¿Donde está el fraude a la Seguridad Social? «Relato de una estafa». Sus autores son Javier González-Medel (Médico de Familia) y Santiago Porras (Médico Inspector), ambos de Madrid.

Es un artículo amplio, bien documentado y muy crítico con el modelo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) como partícipes del Sistema de Seguridad Social. El análisis parte de la publicación en abril de 2009 del informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las MATEPSS, en el periodo 2005-2006, en la cual se han detectado graves irregularidades en la mayoría de las mutuas.

El Dr. Santiago Porras Carrasco, Médico Inspector de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CM) y anterior presidente de la AISSMa, ha tenido la deferencia de realizar una versión más sanitaria, con énfasis en la situación de la CM, con objeto de poder ofrecérselo a nuestros socios y lectores a través de este blog. No obstante, la complejidad y extensión del trabajo desarrollado exceden nuestro formato, razón por la cual se publica sólo la parte de conclusiones, poniendo a disposición de nuestros lectores el artículo completo (pdf) en este enlace.

Conclusiones
Dicen que la correcta definición de un problema representa el 50% de su solución. Ante esta situación es fácil proponer muchas actuaciones posibles y relativamente lógicas, de aplicación inmediata pero que a la larga son meros parches ineficaces.
Considero que las irregularidades detectadas en el funcionamiento de las mutuas y las medidas que se acuerden para resolverlas deben ser consideradas con la perspectiva del conjunto del Sistema de Seguridad Social y previo acuerdo de las distintas Administraciones implicadas. Por ejemplo, las irregularidades en las prestaciones sanitarias de las mutuas tienen una repercusión importante en el Sistema Sanitario Público.

1.-Hay suficientes evidencias que demuestran que la gestión privada o pública de la sanidad no es neutral, ni es un debate puramente técnico. Hay suficientes evidencias de que la elección de un sistema u otro está condicionada básicamente por las “oportunidades de negocio”. Este debate, que sin duda es interesante para todos, debería plantearse en el Consejo Interterritorial bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad. Está en juego un servicio público tan esencial como la Sanidad y con él la posibilidad real de todo ciudadano de acceder al derecho a la salud. Pero parece difícil que esto se haga realidad a la vista del nivel de hipocresía política donde los políticos, de uno y otro bando, critican en la Comunidad vecina lo que practican en la propia; donde los unos y los contrarios ignoran hechos tan evidentes como los resultados de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las mutuas y el gran despilfarro y fraude que se está cometiendo.
Este debate permitiría clarificar la situación y facilitaría la adopción de soluciones. Entre tanto, al menos podemos señalar algunas de las incoherencias que se están produciendo.

2.-Es poco lógico, ante los resultados de la fiscalización el Tribunal de Cuentas, que encuentra irregularidades graves en todas las mutuas fiscalizadas (8 mutuas, que corresponden al 53% de las cuotas y el 51% de trabajadores protegidos), que el Ministerio de Trabajo no decida una revisión inmediata y a fondo de todas las restantes.

3.-Es menos lógico, ante los hallazgos del Tribunal de Cuentas y las escandalosas estadísticas de siniestralidad laboral seguir presentando a las mutuas patronales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como modelo de gestión.
España tiene la mayor incidencia de la UE-15 de accidentes de trabajo y mortalidad. En 2006, el índice de accidentes mortales era el doble de la media en la UE, con 1255 accidentes mortales registrados.
Mientras que los casos de enfermedades profesionales son casi anecdóticos. Se considera que la mortalidad por enfermedades profesionales es 10 veces superior a la de los accidentes laborales. En 2006 no se registró ningún fallecimiento por enfermedad profesional.

4.-Es incoherente la actuación del Ministerio de Trabajo ante los datos existentes que llevan a estimar que las mutuas podrían estar despilfarrando más del 50% de su presupuesto y ocasionando un perjuicio de 8.200 millones de euros a la Seguridad Social.
Ha aprobado reformas legales importantes para mejorar el control de las mutuas pero, al mismo tiempo, va cediéndoles más competencias y más fondos públicos.
En tanto no se demuestre una gestión eficaz la forma más sencilla de reducir la existencia de más perjuicios y fraudes sería reducir los fondos públicos que gestionan, no aumentarlos.

5.-Es también incoherente que el Ministerio de Trabajo en los últimos años vaya realizando un ajuste a la baja de las cotizaciones empresariales a las mutuas. Al margen de las irregularidades detectadas en su gestión, respecto a la asistencia sanitaria por contingencias profesionales podría estar produciéndose una infrafinanciación de esta prestación.
Previamente a estas rebajas de cuotas debería hacerse un estudio del coste real de la asistencia sanitaria que prestan las mutuas y de la práctica de derivar a los trabajadores accidentados al Servicio Sanitario Público.
Podría ser más eficiente para el Sistema de Seguridad Social que el Servicio Sanitario Público asumiese la asistencia sanitaria de las contingencias profesionales, que en un porcentaje importante ya presta y muchas veces sin cobrar. Prestando las mutuas la asistencia, previo concierto con la Administración, a aquellos trabajadores que sean calificados de laboral. Así se evitaría el fraude de las mutuas de camuflar accidentes y enfermedades profesionales abusando del Servicio Sanitario Público, se ahorraría considerablemente en costes de control y tramitación y en litigios. Y algo se frenaría la fragmentación que se está produciendo en el Servicio Público de Salud.

6.-Es incoherente la actual estrategia de lucha contra el fraude. Existe una lógica preocupación, a todos los niveles (Pacto de Toledo, INSS; Inspección Sanitaria), por la posible existencia de fraude en las bajas médicas [Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (IT CC), que en el peor de los casos no sería superior a los 1.400 millones de euros y que está por demostrar]; y que ha dado lugar a reformas legales importantes, que han reducido el coste de la prestación pero son de dudosa eficacia contra el fraude.
Mientras tanto, el posible fraude en las mutuas patronales no genera la misma preocupación ni se le asignan los recursos proporcionales para su corrección, a pesar de que la estimación económica de éste, basado en datos más objetivos y fiables supera al presupuesto para toda la IT por contingencias comunes.

7.-Es incoherente toda esa teórica preocupación por el fraude con la tolerancia y permisividad ante las estadísticas de accidentes laborales, muy elevadas, y enfermedades profesionales que se ocultan.

8.-Es incoherente, igualmente, los objetivos y planes de inspección, asignados al control de IT por contingencias comunes y el olvido del control sobre las mutuas (hasta un 16 % de las bajas por contingencias comunes podrían ser de origen laboral).
Es incoherente que la Inspección Sanitaria, al menos en la Comunidad de Madrid, dedique más del 50% de sus recursos al control de la IT CC y prácticamente nada a Mutuas. Las reclamaciones de los trabajadores accidentados que precisan IT y son rechazados por la mutua ni siquiera se atienden en algunas Inspecciones Médicas.

9.-La política de fusiones de mutuas que se está haciendo desde hace años, al parecer estimulada por el propio Ministerio de Trabajo, debería revisarse puesto que no parece estar dando los resultados deseados. Por ejemplo, en 2006 había 24 mutuas tras las fusiones autorizadas y curiosamente la plantilla del grupo de “Dirección y Servicios Generales”, que representa el 28% del total, se incrementa en 184 personas, a pesar de que desaparecen cuatro mutuas.
Esta política podría ser una estrategia suicida que lleve a la creación de organismos con más poder que el propio Ministerio.

Reunión y Comunicado del 12/11/09, sobre la Carrera Profesional Sanitaria de la Inspección

El pasado 16 de noviembre de 2009, en el blog "Frente a Mentiras, Inspecciones Activas", firmado por la Comisión Gestora de la Asamblea General de la Inspección Sanitaria de Madrid, se hacía público un comunicado sobre la reunión mantenida por ésta con responsables de la Consejería de Sanidad encabezados por la Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras.

En relación con lo expuesto en dicho comunicado, tras el análisis de la Junta Directiva de la AISSMa y de una serie de cuestiones planteadas por diversos socios de nuestra Asociación, manifestamos lo siguiente.

1.-Que hemos acogido con cierta extrañeza la urgencia con la cual ha sido convocada la Comisión Gestora a dicha reunión. Sobre todo, teniendo en cuenta la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad hacia la Comisión Gestora para mantener una reunión, reiteradamente solicitada durante los últimos meses, tras la finalización y presentación del Informe y Propuesta de la Mesa Técnica, a fines de julio de 2009.

2.-Sin duda, pueden hacerse diversas interpretaciones de que la reunión "urgente" se hubiese convocado al día siguiente de la firma, por el Consejero de Sanidad con el INSS, del "Convenio Especifico sobre Incapacidad Temporal". Asimismo, la convocatoria se produce en la víspera de que se hubiera previsto aprobar por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la "Ley de Medidas Fiscales y Administrativas", que se suponía que debía de incluir la "estatutarización" de la Inspección Sanitaria, como vía de reconocimiento de la Carrera Profesional. Finalmente, el Gobierno autonómico no aprobó la Ley mencionada, sino que solicitó un informe urgente sobre la misma al Consejo Económico y Social.

3.-La verdad es que nuestra valoración, tras dos años y medio de proceso negociador, no es tan "positiva" como la expresada en el comunicado de marras. A estas fechas, esperábamos algo más que buenas palabras e intenciones. Y entendemos como ociosa la reiteración de que la Consejería cumplirá el compromiso del "Preacuerdo de 8 de mayo de 2007". ¿O es que hemos de pensar en la posibilidad de que se falte a la palabra de la Presidenta, de los Consejeros y de sus Directores Generales? Hasta ahora, no nos lo habíamos planteado.

4.-En nuestra interpretación, creemos que el "proceso de negociación" se culminó con la Mesa Técnica y su informe y propuesta finales, que recogían las diversas alternativas para reconocer la Carrera Profesional Sanitaria de la Inspección. Desde nuestro punto de vista, es hora de cumplimientos, de ejecución de compromisos y, a lo sumo, de ciertas aclaraciones de la línea estratégica acordada. Pero, por el contrario, la Consejería no ha referido ninguna actuación concreta para el desarrollo efectivo de la Carrera Profesional. Ni siquiera se ha manifestado cuál ha sido el modelo por el que se opta. No se ha dicho si estaba incluido en el articulado del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas; y si no estaba, si se había retirado o no se había incluido; y ¿por qué? Como se recordará, la razón de que pudiera ir en dicha Ley derivaba de la necesidad de dicho rango normativo para cambiar la condición de funcionario a estatutario. Y si no va en la Ley, es que ya se ha optado por otra vía, ¿cuál y por qué no se ha explicado? ¿Tuvo algo que ver con la urgencia de la reunión las sentencias judiciales sobre la Carrera de los Inspectores de Extremadura?

5.-Sin perjuicio del apoyo que desde la AISSMa se ha venido dando a la Comisión Gestora, creemos necesaria la convocatoria de una Asamblea General en la cual se den al conjunto del colectivo las explicaciones de la marcha del proceso de la Carrera Profesional Sanitaria de la Inspección. Sin información cunde el rumor y la desconfianza. Y si la Consejería no aclara su rumbo (si es que lo tiene), la Comisión Gestora no debe caer en el mismo error. Puede aceptarse la espera hasta fines de año, pues de haber sido la estatutarización la vía de desarrollo ese era el horizonte temporal. Pero no es razonable plantarnos en enero de 2010 sin conocer cual es la senda a recorrer y pidiéndosenos fe ciega o cheques en blanco sobre nuestro futuro profesional.


Pero, por el momento, "Parole, parole, parole..."


Firman como autores, los miembros de la Junta Directiva de la AISSMa: José M.ª Morán, Carmen Rodríguez, Julia Losa, Francisco Gutiérrez, Juan José Menéndez y José Manuel Mendieta.

Carrera Profesional Sanitaria: Novedades en Madrid y Extremadura

Madrid

A primera hora de la tarde de hoy, la Comisión Gestora para la Carrera Profesional de la Asamblea General de la Inspección Sanitaria de Madrid, ha sido convocada para mantener una reunión urgente, a las 12:00 horas del jueves 12 de noviembre de 2009, con el Director General de Ordenación e Inspección, Manuel Molina, y con la Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, M.ª Belén Prado.

Patrocinadores de la Carrera Profesional: Presidenta, Consejero, Viceconsejera y DGOI.

Extremadura

Según publica, en su edición de hoy (11/11/09), la revista electrónica El Médico Interactivo «Los funcionarios que componen la inspección sanitaria tienen derecho a que se les reconozca la carrera profesional».

Ésta es la conclusión de cinco sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Badajoz, acogiendo la pretensión de otros tantos inspectores médicos, funcionarios de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, que reclamaban su derecho a la carrera profesional sanitaria en los mismos o parecidos términos del acuerdo de 24.10.05 sobre carrera y desarrollo profesional sanitario suscrito entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y las organizaciones sindicales que se publicó en resolución dirección general de trabajo, del que fueron expresamente excluidos por su no pertenencia al SES. Todo ello, tal como ha informado el Colegio de Médicos de Badajoz en un comunicado del que también se ha hecho eco la publicación Redacción Médica.

Los funcionarios que componen la inspección sanitaria (médicos, farmacéuticos y enfermeros), como profesionales sanitarios que son, tienen derecho a que se les reconozca la carrera profesional sanitaria, tal como se recoge en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y en consecuencia, a todo lo que lleva implícito, incluido el derecho a percibir el complemento retributivo, incuestionable elemento incentivador para el desarrollo del conocimiento, calidad y actividad que le es propia, genuinamente sanitaria.

Asimismo los recurrentes rechazaban su inclusión en el ámbito subjetivo de aplicación del acuerdo 15.09.08 sobre criterios generales de la carrera profesional horizontal suscrito entre la Consejería de Administración Pública y Hacienda y las organizaciones sindicales, por considerar evidentes su formación, condición y actividad de carácter sanitario.

Para la virtualidad de su derecho presentaron la oportuna solicitud de evaluación de la carrera profesional sanitaria ante la comisión de evaluación de la carrera profesional del SES, única de naturaleza sanitaria en la comunidad, que no fue admitida a trámite.

La sentencia da respuesta afirmativa a la pregunta de si tiene derecho a la carrera profesional sanitaria el profesional sanitario que realiza una prestación sanitaria dentro de la administración sanitaria y realiza una original propuesta.

Acoge la virtualidad de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 44/2003 de 21 de noviembre, básica y de aplicación uniforme en todo el estado, que reconoce el derecho a la carrera profesional sanitaria al personal sanitario titulado que realiza su actividad en los servicios sanitarios públicos y que no se ha desarrollado conforme exigía su disposición transitoria segunda a pesar de haber transcurrido cuatro años desde el día 23.11.03.

También refiere la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece el derecho del profesional sanitario a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional. Sostiene que la carrera profesional que procede reconocer a la inspección médica poco debería diferir de la reconocida para el personal del SES y se pone el acento en que se presta servicios para la misma administración (consejería de sanidad y dependencia), de indiscutible naturaleza sanitaria conforme las previsiones de la circular 3/99, de organización y funciones de la inspección sanitaria, porque incluso físicamente el trabajo se desarrolla en instituciones sanitarias y del propio SES y esas funciones son, entre otras, de control sanitario de centros, establecimientos, pacientes y decisiones facultativos del personal del SES y bajo un régimen jurídico administrativo.

La importancia de las sentencia radica en la respuesta, con vocación universal que da, pues la inspección médica a nivel nacional no tiene reconocido, hasta la fecha, un modelo uniforme de desarrollo profesional, habiéndose dado diferentes soluciones, entre otras la de estatutarizar a los citados profesionales.

Frente a la sentencia cabe recurso de apelación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, órgano judicial que, en definitiva, resolverá la controversia.