El pasado 18 de mayo de 2010, se publicó en este blog un excelente artículo (muy leído y comentado) de nuestro socio Jesús Rodríguez titulado «La Inspección Sanitaria en Madrid y la Responsabilidad Patrimonial». En el mismo se recogía un análisis sobre la función de los informes de la Inspección Sanitaria en relación con la Responsabilidad Patrimonial y sobre la nueva regulación que se hacía en la Instrucción de 21 de enero de 2010 de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Asimismo, ya se adelantaba la sospecha, ahora confirmada, de una presunta privatización de dichos informes, que la nueva norma propiciaba (dejar para lo más complejo, la elaboración del informe por la Inspección Sanitaria, sólo 15-20 días de los 180 de que se dispone legalmente para resolver cada expediente).
BOCM del 13 de julio de 2010, que publica la Resolución
En esa línea, en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del 13 de julio de 2010 se publica la
«Resolución de 17 de junio de 2010, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca licitación pública para el contrato de servicios denominado “Consultoría, asistencia, mediación y asesoramiento en materia de seguros para el Servicio Madrileño de Salud”.»
A su vez, la Resolución remite a las
bases de la convocatoria y a los correspondientes
“Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” y
“Pliego de Prescripciones Técnicas”. Para facilitar su análisis, al final de este artículo, se destacan las partes más relevantes, desde nuestro punto de vista.
Consecuentemente, la
Junta Directiva de la AISSMa manifiesta su
preocupación e inquietud por tener la impresión de encontrarnos ante la
presunta privatización de una de las más
destacables funciones de la
Inspección Sanitaria: la
elaboración de Informes Técnicos sobre Responsabilidad Patrimonial del SerMaS.
Tememos así que las tradicionales
“pruebas documentales”, como los
Jueces consideran los informes técnicos autónomos e independientes de la
Inspección Sanitaria, vayan a ser sustituidos por
“informes periciales de parte” (contra los pacientes presuntamente perjudicados) realizados por una
empresa privada pagada con fondos públicos (
190.000 €) por la
Consejería de Sanidad. Resulta evidente que, aparte del
despilfarro económico, se entraría en un
conflicto de intereses con los ciudadanos y una previsible mayor judicialización de los siniestros acontecidos, al vaciarse de contenido a la
“Comisión de Seguimiento del Seguro” y quedar la nueva
aseguradora en un estatus de juez y parte simultáneamente.
Como consecuencia de todo ello,
se ha solicitado formalmente a la DG de Ordenación e Inspección información general relativa a todo este asunto y concretamente sobre los siguientes aspectos (
véase documento pdf, en este enlace y en la imagen insertada más abajo):
1.-¿Fue consultada esa Dirección General sobre la aludida
Instrucción de 21 de enero de 2010 y sus restrictivos plazos de informe? ¿Qué posición tomó?
2.-¿Se ha consultado a esa
DG de Ordenación e Inspección sobre este
concurso de presunta privatización de informes? ¿Cuál ha sido su posición?
3.-¿Se ha valorado la alternativa de invertir los
190.000 € del concurso de consultoría en financiar el
empleo de nuevos Médicos Inspectores y de otros técnicos (
Enfermeros Subinspectores y Farmacéuticos Inspectores)?
4.-Dado que la
Inspección Sanitaria elabora anualmente más de
400 (y aumentando)
Informes Técnicos sobre Responsabilidad Patrimonial Sanitaria y la consultoría se concursa para
270, ¿Cómo se va a
distribuir la realización de informes entre
consultora privada (complementaria o sustitutoria; de informes sencillos vs complejos; de siniestros
“caros” vs “baratos”) e
Inspección Sanitaria?
5.-¿En que forma va a influir ello en las
funciones de la Inspección Sanitaria de Madrid y en los correspondientes Programas del
“Plan Integral de Inspección”?
Escrito dirigido al DGOI sobre los Informes de Inspección de RP