Sobre la Ley 6/2009, de Libertad de Elección en la Sanidad de la CM; por J Morán

Como ya se anunció en nuestro servicio de noticias en Twitter, el pasado 18 de noviembre se publicó en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En este momento no queremos profundizar en reflexiones sobre la pertinencia de la norma, ni de la necesidad o no de establecer un “Área de Salud Única integrada” para poder ejercer la libre elección. De todo esto diríamos -si no fuese tan manida la frase- que han corrido ríos de tinta en todos los sentidos. La versión de la Consejería de Sanidad es, lógicamente, optimista. Todo lo contrario de lo que prevé la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), que ha editado un folleto y un tríptico, que hace una valoración pesimista del escenario que se presenta y en el que se intuyen otros argumentos mas prosaicos (las oportunidades de negocio con la salud) que el interés de los ciudadanos.

Ni siquiera queremos reflexionar sobre la redacción de la propia Ley, tan parca de texto que obliga a esperar a las normas de desarrollo para poder colaborar aportando nuestra opinión. Por el momento, sólo unos breves apuntes.

En principio, desde el punto de vista puramente normativo, según el art. 56 de la LGS (Ley 14/1986, General de Sanidad), «las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos. Extenderán su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000.» Y aunque se dice que cada provincia tendrá, como mínimo, un Área, no parece que el legislador estuviera previendo una de 6.000.000 personas, 24 veces el tamaño máximo previsto.

Encuesta de satisfacción de Atención Primaria 2008

La justificación de que la reforma tiene como objetivo mejorar la satisfacción de los usuarios del sistema no se sostiene. Los propios estudios de satisfacción de la Consejería de Sanidad presentados en abril de 2009, y referidos a septiembre-octubre de 2008, revelan un alto grado de satisfacción en Atención Primaria (el 88% está satisfecho globalmente con la asistencia recibida) y Especializada (la satisfacción global con la asistencia supera el 80% en la mayoría de los hospitales, siendo frecuente el 90%). No parece que vaya por la vía de la elección libérrima la queja mayoritaria de los pacientes que, por el contrario, si ven una falta de coordinación entre niveles asistenciales (sólo el 33% creen que la coordinación con el especialista es buena). Y el planteamiento de circular por toda la comunidad no presume que vaya a ser una mejora sino todo lo contrario. Por otra parte, la libre elección de Médico General y Pediatra y la libre elección de Especialista dentro del Área de Salud ya son derechos consolidados y que parecen cumplir su papel sin que se “sobredemanden” ni se “sobreutilicen”, como parece auspiciar la nueva Ley. En caso de que hubiera existido una demanda real en este asunto, creo que habría sido suficiente con redefinir el ámbito de elección entre áreas sin necesidad de fusionarlas todas en una. Con todo ello, es para pensar que en esta estrategia la Consejería de Sanidad sigue aquel dicho de: «Como se que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo».

Sin duda, la integración de todo el mapa sanitario autonómico en una sola unidad, permitirá movilizar territorialmente recursos humanos con mucha más facilidad que hasta ahora, en función de las necesidades del servicio y de otros criterios, lo que puede crear inquietud e inseguridad laboral.

Pero con todas las dudas e inconsistencias argumentales expuestas, lo más preocupante es la previsible incapacidad operativa de llevar a cabo esta estrategia y el presumible caos organizativo resultante. Al menos, en el medio plazo. Porque se echan en falta dos instrumentos básicos para su desarrollo. En primer lugar, la existencia de un sistema de gestión de pacientes e historia clínica integrada para toda la Atención Primaria de Madrid (actualmente, 11 áreas de salud y cerca de 400 centros asistenciales). A día de hoy, cada una de las 11 áreas de salud tiene un sistema común para sus propios centros: el conocido “OMI-AP”. Éste programa funciona razonablemente bien, pero sólo conecta entre sí a los centros de su área y no con los de las otras 10 áreas de salud. Para subsanar este problema hace más de un año que se trabaja en el proyecto “AP-Madrid”, aunque los resultados de la fase de pruebas con 6 centros no son satisfactorios y, si no parece fiable el avance a una fase de 20 centros qué puede esperarse de alcanzar el total del conjunto de la Comunidad de Madrid (CM).

Actual mapa sanitario de 11 áreas de la CM

En segundo lugar, de los 32 hospitales de la CM, sólo 6 de los 8 “Nuevos Hospitales” (aparte Puerta de Hierro y Valdemoro) tienen un sistema de gestión de pacientes e Historia Clínica Electrónica (HCE) comunes e “interoperables”. Pero además, la integración con Atención Primaria es deficiente o inexistente. Y los demás 24 hospitales son entes aislados del resto de la red y de sus territorios de Atención Primaria de referencia. ¿Es posible garantizar la circulación de pacientes en estas condiciones?

Finalmente, desde un punto de vista más doméstico, queremos hacer notar que la norma afectará notablemente a la Inspección de Servicios Sanitarios y, por tanto, su papel deberá estar recogido en las propias normas de desarrollo. ¿Qué efectos tendrá el “Área de Salud Única integrada” en la organización territorial y funcional de la Inspección? ¿Cómo afectará la libre elección al control que realiza la Inspección de las prestaciones sanitarias (principalmente, control de la incapacidad temporal y visado de recetas)? ¿Qué funciones desarrollará la Inspección con respecto a la libre elección? Ahora lo tiene, en el rechazo de pacientes por médicos y enfermeros, regulado por la misma normativa que garantiza la libre elección.

Suponemos que la Dirección General de Ordenación e Inspección, para la que trabajamos la mayoría de los asociados (cada vez cuesta más escribir: “...estamos seguros de que nuestra Dirección General...”), tiene claros todos los aspectos previstos, aunque para ello no haya recabado la opinión de la mayoría de sus técnicos, ni de esta Asociación.

José M.ª Morán Llanes es Médico Inspector, Máster en Salud Pública y Presidente de la AISSMa.