La Inspección y el Proceso de Privatización Sanitaria en la Administración Pública; por Carlos Málaga Tello

Un político relevante de este país, dijo en cierta ocasión de un colega suyo (aunque de ideas contrapuestas) que “solemnizaba lo obvio”.
En estos tiempos que corren, de inmersión en un relativismo, que alcanza incluso a lo moral, no está de más repetir “lo obvio” de vez en cuando, y ello como herramienta de clarificación.
¡Se olvida, o incluso se tergiversa o manipula con tanta facilidad “lo obvio”, actualmente!.

La privatización del (todo o parte) Servicio Sanitario Público, se ha convertido hoy en día en un arma arrojadiza en el campo de la confrontación política.
Generalmente esta confrontación obedece al siguiente esquema: la Derecha política es comúnmente impulsora de procesos privatizadores aduciendo la eficiencia gestora del ámbito privado frente a la Administración y su burocracia ineficaz, mientras que la Izquierda se posiciona negativa y frontalmente ante estas iniciativas, argumentando que la privatización conlleva la desaparición de lo público: como si le arrancaran a la ciudadanía un derecho sagrado.

Ambas posiciones son falaces, pueden ser verdad y mentira al mismo tiempo y se utilizan indistintamente por las fuerzas políticas dependiendo del momento (gobierno-oposición) en que se encuentren e incluso se coincide en el tiempo tomando medidas privatizadoras y acusándose mutuamente de ello: por ejemplo, actualmente y referente al ámbito sanitario, por la Izquierda se ha abierto un proceso privatizador desde el Ministerio de Sanidad sobre el sistema de acreditación docente hospitalario, y por la Derecha (como hemos dicho, de vocación más privatizadora) se acometerá la futura gestión privada de los nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid, o la extensión del llamado “modelo Alzira” en la Comunidad Valenciana.



Bien, ¿pero que significa privatizar? Según el diccionario: transferir totalmente una empresa o actividad pública al sector privado, que de esta manera deja de estar sometido al dirigismo estatal y se ordena a partir de ese momento según las leyes de mercado.
Generalmente cuando hablamos de privatización en el sector sanitario público, no se habla de traspaso total del servicio (como ocurre por ejemplo con la sanidad en Estados Unidos que mayoritariamente está en manos privadas), sino que se entiende como la transferencia de algún sector de actividad (hospitales, prestaciones, etc.) a la gestión privada, manteniendo la Administración Pública la financiación del servicio que se presta y los mecanismos pertinentes de control, dado que la Salud se reconoce como un derecho constitucional y por tanto el Estado mantiene la tutela sobre el servicio que se presta (a esto eufemísticamente se le denomina en jerga empresarial “externalización”).

Es decir la financiación pública y los mecanismos de control públicos son los que definen al servicio prestado como público, al margen de que su gestión coyuntural o la prestación en sí, queden en manos privadas y son estos dos requisitos los que impiden que solo las “leyes del mercado” ordenen ese sector de actividad.
Son muchos los ejemplos de “externalización” en nuestro país, desde los mas ambiciosos como el referido “modelo Alzira” valenciano donde ha pasado a manos privadas la gestión integral de la comarca del mismo nombre, hasta los numerosos conciertos de las distintas Administraciones Sanitarias con entidades privadas, para prestar servicios de todo tipo (intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, pruebas diagnósticas, etc.).
Por tanto, Servicio Público, en principio, es aquel que se “financia” con dinero público y es “controlado” por la Administración Pública. El servicio de una clínica concertada con la sanidad pública, es publico (como el de un colegio concertado).

Personalmente apuesto y defiendo el Servicio Público Sanitario, incluyendo este sentido general, y fundamentalmente porque el estado de bienestar en España ha pasado por conseguir y defender este logro, este “Servicio Público” estructurado en lo que hemos venido en llamar Sistema Nacional de Salud.
Por tanto, no hay oposición conceptual a la privatización así entendida (externalización), pero no puede acometerse de cualquier manera. Sería aconsejable frente a los ciudadanos, que cualquier decisión política privatizadora en el sector de la sanidad, cumpliera 2 requisitos ineludibles para llevarse a cabo:

1.º-Explicar claramente cuales son los motivos que justifican el proceso privatizador que quiera llevarse a cabo.
Si las razones que se argumentan son las de la eficiencia (más servicios con más calidad a menor coste) de la gestión privada frente a la pública, hay que demostrarlo previamente. El apriorismo consistente en que lo privado es más eficiente que lo público, es efectivamente un apriorismo que nada justifica. No es verdad que la Administración sea ineludiblemente ineficiente. Quienes llevamos tiempo en la Administración Sanitaria Pública sabemos que no es mala gestora por definición y los mejores profesionales y más preparados están en ella. Es más, no se ha demostrado que las distintas iniciativas privatizadas que llevan tiempo funcionando sean mas eficientes.
Hay que explicar y como ciudadanos tenemos derecho a saber los argumentos en que se basa la decisión privatizadora. Si las cosas no se explican se siembran dudas sobre lo que realmente justifica esa medida, y lo peor, muchas veces se vislumbran claramente otros motivos de interés por detrás.

En este sentido, también hay que decir que es una pena la casi desaparición de aquellos instrumentos de gestión que a lo largo de muchísimos años de esfuerzo se habían puesto en marcha en el ámbito de la gestión sanitaria pública antes del proceso de transferencias sanitarias a las Comunidades Autónomas en el año 2001: sistemas de control de actividad y financiación, contabilidad analítica en los hospitales, sistemas de comparación que permitieran identificar cada vez mejor las bolsas de ineficiencia, mayor autonomía de gestión de los centros, etc. Hay que exigir a nuestros responsables sanitarios que gestionen bien y que rindan cuentas de ello, cosa que cada vez se pide menos en esta época de bonanza económica.


2.º-Establecer los mecanismos de control necesarios para asegurar y garantizar que la prestación o el servicio externalizado cumpla con los requisitos que la Administración (financiador) le ha exigido: calidad, accesibilidad, equidad. Si estos mecanismos no se establecen claramente también se siembran dudas sobre el verdadero interés de la actividad privatizada. Todas las Administraciones públicas sustentan estos mecanismos de control en sistemas de inspección, y normalmente, dadas las características de estas labores, recaen en funcionarios públicos dotados de derechos y deberes muy estrictos que garantizan su función.

Hoy en día poco se exige a la Administración Pública esta supervisión garantista, y es tal el desconcierto, que puede observarse como servicios públicos que debían ser inspeccionados, se auditan a si mismos, y otros muchos, donde la evidente realidad apunta al descontrol y señala deficiencias, no se evalúan. Incluso, se están “externalizando” las labores de control e inspección.
En este sentido, la Inspección Sanitaria de Madrid, vive con profunda preocupación su futuro profesional, marcado cada vez más por la desaparición en su quehacer de tareas de inspección, evaluación e identificación de deficiencias. Algo poco entendible, dada la profesionalidad, el conocimiento de la realidad sanitaria y la experiencia de sus componentes.
Muchas veces hay que preguntarse ¿porqué no se quiere inspección pública?, ¿hay algo que ocultar en las iniciativas de privatización?. Desde luego hay que señalar que existe un verdadero peligro en la gestión privada de lo público sin mecanismos de control garantista que además no pueden ser sólo de tipo económico. No se debe privatizar y al mismo tiempo promover la casi desaparición de quienes velan por lo público. Una Inspección digna, retribuida, profesionalizada, dotada de medios, y con objetivos claros, es necesaria y es la base de la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos que proclama nuestra Constitución. Si la privatización no se motiva y al mismo tiempo se promueve la desaparición de los mecanismos de control garantista hay que pensar mal, como decía un humorista parodiando al detective grandilocuente ante el escenario obvio, de un cadáver y el asesino ensangrentado: “aquí hay alguien que ha matado a alguien”.



Carlos Málaga Tello es Médico Inspector por oposición desde 1987, actualmente ejerciente en Madrid. Además, ha sido durante años Director Médico y Director Gerente de diversos hospitales de la red del Insalud.