La Gestión Privada de Servicios Públicos es una Estafa; por S Porras

Presentación; por J Morán

En el n.º 123 de la revista Salud 2000, editada por la Federación de Asociaciones de Salud Pública (FADSP), correspondiente al mes de septiembre 2009, se publicaba el artículo titulado ¿Donde está el fraude a la Seguridad Social? «Relato de una estafa». Sus autores son Javier González-Medel (Médico de Familia) y Santiago Porras (Médico Inspector), ambos de Madrid.

Es un artículo amplio, bien documentado y muy crítico con el modelo de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) como partícipes del Sistema de Seguridad Social. El análisis parte de la publicación en abril de 2009 del informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las MATEPSS, en el periodo 2005-2006, en la cual se han detectado graves irregularidades en la mayoría de las mutuas.

El Dr. Santiago Porras Carrasco, Médico Inspector de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CM) y anterior presidente de la AISSMa, ha tenido la deferencia de realizar una versión más sanitaria, con énfasis en la situación de la CM, con objeto de poder ofrecérselo a nuestros socios y lectores a través de este blog. No obstante, la complejidad y extensión del trabajo desarrollado exceden nuestro formato, razón por la cual se publica sólo la parte de conclusiones, poniendo a disposición de nuestros lectores el artículo completo (pdf) en este enlace.

Conclusiones
Dicen que la correcta definición de un problema representa el 50% de su solución. Ante esta situación es fácil proponer muchas actuaciones posibles y relativamente lógicas, de aplicación inmediata pero que a la larga son meros parches ineficaces.
Considero que las irregularidades detectadas en el funcionamiento de las mutuas y las medidas que se acuerden para resolverlas deben ser consideradas con la perspectiva del conjunto del Sistema de Seguridad Social y previo acuerdo de las distintas Administraciones implicadas. Por ejemplo, las irregularidades en las prestaciones sanitarias de las mutuas tienen una repercusión importante en el Sistema Sanitario Público.

1.-Hay suficientes evidencias que demuestran que la gestión privada o pública de la sanidad no es neutral, ni es un debate puramente técnico. Hay suficientes evidencias de que la elección de un sistema u otro está condicionada básicamente por las “oportunidades de negocio”. Este debate, que sin duda es interesante para todos, debería plantearse en el Consejo Interterritorial bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad. Está en juego un servicio público tan esencial como la Sanidad y con él la posibilidad real de todo ciudadano de acceder al derecho a la salud. Pero parece difícil que esto se haga realidad a la vista del nivel de hipocresía política donde los políticos, de uno y otro bando, critican en la Comunidad vecina lo que practican en la propia; donde los unos y los contrarios ignoran hechos tan evidentes como los resultados de la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de las mutuas y el gran despilfarro y fraude que se está cometiendo.
Este debate permitiría clarificar la situación y facilitaría la adopción de soluciones. Entre tanto, al menos podemos señalar algunas de las incoherencias que se están produciendo.

2.-Es poco lógico, ante los resultados de la fiscalización el Tribunal de Cuentas, que encuentra irregularidades graves en todas las mutuas fiscalizadas (8 mutuas, que corresponden al 53% de las cuotas y el 51% de trabajadores protegidos), que el Ministerio de Trabajo no decida una revisión inmediata y a fondo de todas las restantes.

3.-Es menos lógico, ante los hallazgos del Tribunal de Cuentas y las escandalosas estadísticas de siniestralidad laboral seguir presentando a las mutuas patronales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como modelo de gestión.
España tiene la mayor incidencia de la UE-15 de accidentes de trabajo y mortalidad. En 2006, el índice de accidentes mortales era el doble de la media en la UE, con 1255 accidentes mortales registrados.
Mientras que los casos de enfermedades profesionales son casi anecdóticos. Se considera que la mortalidad por enfermedades profesionales es 10 veces superior a la de los accidentes laborales. En 2006 no se registró ningún fallecimiento por enfermedad profesional.

4.-Es incoherente la actuación del Ministerio de Trabajo ante los datos existentes que llevan a estimar que las mutuas podrían estar despilfarrando más del 50% de su presupuesto y ocasionando un perjuicio de 8.200 millones de euros a la Seguridad Social.
Ha aprobado reformas legales importantes para mejorar el control de las mutuas pero, al mismo tiempo, va cediéndoles más competencias y más fondos públicos.
En tanto no se demuestre una gestión eficaz la forma más sencilla de reducir la existencia de más perjuicios y fraudes sería reducir los fondos públicos que gestionan, no aumentarlos.

5.-Es también incoherente que el Ministerio de Trabajo en los últimos años vaya realizando un ajuste a la baja de las cotizaciones empresariales a las mutuas. Al margen de las irregularidades detectadas en su gestión, respecto a la asistencia sanitaria por contingencias profesionales podría estar produciéndose una infrafinanciación de esta prestación.
Previamente a estas rebajas de cuotas debería hacerse un estudio del coste real de la asistencia sanitaria que prestan las mutuas y de la práctica de derivar a los trabajadores accidentados al Servicio Sanitario Público.
Podría ser más eficiente para el Sistema de Seguridad Social que el Servicio Sanitario Público asumiese la asistencia sanitaria de las contingencias profesionales, que en un porcentaje importante ya presta y muchas veces sin cobrar. Prestando las mutuas la asistencia, previo concierto con la Administración, a aquellos trabajadores que sean calificados de laboral. Así se evitaría el fraude de las mutuas de camuflar accidentes y enfermedades profesionales abusando del Servicio Sanitario Público, se ahorraría considerablemente en costes de control y tramitación y en litigios. Y algo se frenaría la fragmentación que se está produciendo en el Servicio Público de Salud.

6.-Es incoherente la actual estrategia de lucha contra el fraude. Existe una lógica preocupación, a todos los niveles (Pacto de Toledo, INSS; Inspección Sanitaria), por la posible existencia de fraude en las bajas médicas [Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (IT CC), que en el peor de los casos no sería superior a los 1.400 millones de euros y que está por demostrar]; y que ha dado lugar a reformas legales importantes, que han reducido el coste de la prestación pero son de dudosa eficacia contra el fraude.
Mientras tanto, el posible fraude en las mutuas patronales no genera la misma preocupación ni se le asignan los recursos proporcionales para su corrección, a pesar de que la estimación económica de éste, basado en datos más objetivos y fiables supera al presupuesto para toda la IT por contingencias comunes.

7.-Es incoherente toda esa teórica preocupación por el fraude con la tolerancia y permisividad ante las estadísticas de accidentes laborales, muy elevadas, y enfermedades profesionales que se ocultan.

8.-Es incoherente, igualmente, los objetivos y planes de inspección, asignados al control de IT por contingencias comunes y el olvido del control sobre las mutuas (hasta un 16 % de las bajas por contingencias comunes podrían ser de origen laboral).
Es incoherente que la Inspección Sanitaria, al menos en la Comunidad de Madrid, dedique más del 50% de sus recursos al control de la IT CC y prácticamente nada a Mutuas. Las reclamaciones de los trabajadores accidentados que precisan IT y son rechazados por la mutua ni siquiera se atienden en algunas Inspecciones Médicas.

9.-La política de fusiones de mutuas que se está haciendo desde hace años, al parecer estimulada por el propio Ministerio de Trabajo, debería revisarse puesto que no parece estar dando los resultados deseados. Por ejemplo, en 2006 había 24 mutuas tras las fusiones autorizadas y curiosamente la plantilla del grupo de “Dirección y Servicios Generales”, que representa el 28% del total, se incrementa en 184 personas, a pesar de que desaparecen cuatro mutuas.
Esta política podría ser una estrategia suicida que lleve a la creación de organismos con más poder que el propio Ministerio.