Mente Sana en Cuerpo Sano; por Santiago Porras Carrasco

La semana pasada los medios de comunicación publicaban el acuerdo de Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Rouco, cardenal arzobispo de la capital, para que los curas participen en los comités éticos de los hospitales. (Véase El País del 24/04/2008).

Esta noticia me ha hecho recordar cuando estudiaba en el hospital. A media tarde aparecía aquella simpática monjita en el pasillo del hospital y a grito pelado empezaba a cantar el rosario; poco a poco los enfermos iban asomando sus cabecitas por la puerta, no sé si movidos por la fe o asustados por los gritos. Cualquiera que viaje hoy a un país musulmán puede ver algo similar, aunque en estos casos se habla de integrismo religioso. No sé dónde está la diferencia.

No es mi intención hacer burla de ninguna ideología religiosa ni desprecio a ningún creyente de buena fe. Aunque no comparta su ideología, me parecen admirables todas esas personas que guiadas por su fe se han comprometido a ayudar al necesitado, llevando una vida extremadamente penosa, hasta el límite de perderla violentamente en muchas ocasiones. Me parece el mayor ejemplo de generosidad humana, mayor incluso que la entrega de la madre por un hijo. Sin embargo, poca generosidad encuentro en este afán vigilante censor de las autoridades eclesiásticas y civiles de la Comunidad de Madrid, que encajan mejor con lo mundano que con lo divino.



Este acuerdo amplía las funciones de los curas que asisten a los hospitales, hasta ahora limitadas a la asesoría religiosa, "incluyendo la participación en los Comités de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos". Noticia que después quería negar el consejero Güemes con medias verdades.

Lo primero que sorprende de este acuerdo, y de los anteriores, entre la administración pública y la iglesia es el sigilo con que se firman. El mismo alcalde de Madrid ha declarado que no puede opinar porque lo desconoce. Este sigilo entre quien predica que "dios todo lo ve" y quien tiene la obligación legal de actuar con transparencia y publicidad no barrunta nada bueno. Pienso que es un asunto de gran interés para los ciudadanos, como lo demuestra el revuelo en la prensa, y sería sencillo darlo a conocer. No es necesario empapelar el metro de Madrid como se hizo con la propaganda de la reducción de las listas de espera, que costo dos millones de euros. Bastaría con colgarlo en la web de la Comunidad de Madrid. Esto es lo correcto en un estado democrático gobernado por políticos respetuosos con sus ciudadanos. La publicidad permitiría un debate positivo, que exige conocer previamente de lo que se habla, y evitaría el debate absurdo sobre si el acuerdo pone o no pone, así como las ya habituales y peregrinas explicaciones de la Consejería de Sanidad, que ha dicho que es una renovación de acuerdos anteriores, firmados inicialmente en 1985 y que “nadie ajeno a la asistencia sanitaria pueda tomar decisiones clínicas”. Al margen de que no se niega la mayor, en 1985 no existían los comités de ética y después de esa fecha se han aprobado otras normas legales como la Ley 14/1986, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de autonomía del paciente; la Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid o la ratificación del Convenio de Oviedo, entre otras. Todas estas normas, en un Estado de Derecho, democrático y laico obligan a la Administración Pública a explicar a sus ciudadanos con más detalle ese acuerdo con una organización religiosa.


Lo cierto es que el citado acuerdo sí pone lo que dice la prensa, en la cláusula tercera, 2: “que el servicio de asistencia religiosa católica formará parte del comité de ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos”. No que pueda participar sino que formará parte. Es decir su presencia es obligatoria. Además el acuerdo obliga al centro hospitalario a soportar el coste económico de estos servicios religiosos, que no están incluidos en las prestaciones sanitarias, y sólo para los católicos. El texto del convenio puede descargarse en este enlace.

Los comités de ética son órganos de reciente aparición, en la Comunidad de Madrid se regulan por el decreto 61/2003. Tienen la misión de asesorar y ayudar al médico (función que antes cumplía la inspección sanitaria) y no tienen carácter vinculante, por lo que sus miembros, curas o no, efectivamente no toman decisiones, pero sí influyen, en algunos casos mucho, en el médico que las toma.

Su regulación legal pretende resolver situaciones conflictivas, cada vez más frecuentes, en las que al médico se le plantean dudas éticas sobre la postura más conveniente, bien por el riesgo o penosidad de algunos tratamientos o la influencia de las convicciones personales del paciente. Como las transfusiones a los testigos de Jehová, que tantos conflictos y demandas han generado, y en las que incluso, en alguna ocasión, hasta el mismo juez se ha visto demandado. Es evidente que la presencia de representantes religiosos, sea de la religión que sea, sesga estos comités, mucho más si solo son de una religión, transformándose en vigilantes morales del médico, lo que no está previsto en su regulación legal ni es admisible es un Estado democrático y laico. Incluso pueden agravar el conflicto que se pretende resolver, porque ahora el médico podrá verse entre el enfermo y el comité, con posiciones enfrentadas, sin compartir ninguna de las dos. No sé si dios ganara almas pero el enfermo pierde seguridad y derechos. Y es que más que llover, diluvia sobre mojado.


En el servicio de urgencias del Hospital “Severo Ochoa” de Leganés se aplicaban cuidados paliativos a los enfermos terminales, como en cualquier otro hospital. Fueron acusados por dedo anónimo de cometer pecado de eutanasia y condenados inmediatamente por la consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid.

De nada ha valido que la justicia terrenal los absuelva. El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar, (El País, 21/03/2008) lo explicó: “la muerte de Jesucristo en la cruz fue absolutamente digna a pesar de que no tuvo cuidados paliativos". Ahora los médicos, ante un enfermo terminal, se lo piensan dos veces antes de pecar, mientras tanto el enfermo sufre.

El riesgo de que se sustituyan las modernas unidades de cuidados intensivos por patios llenos de cruces es alto. El hospital tendría una impresionante reducción de gasto, dado el elevado coste de las UCI y aumenta enormemente el número de metros construidos que es el dato fundamental ahora para presentar los nuevos hospitales.

Recientemente también leíamos en la prensa la actuación de unos agentes de la Guardia Civil del SEPRONA que, desobedeciendo las órdenes del juez competente, habían estado investigando una clínica donde se realizaban interrupciones del embarazo. Según relataba el periódico, rebuscando en los cubos de basura de la clínica indicios del pecado de aborto (Véanse los diarios 20 Minutos y El País). Antes de la publicación de la noticia, la que entonces era directora general de la inspección sanitaria, explicaba orgullosa en TV que la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaba colaborando con el SEPRONA. Ahora las madrileñas vuelven a viajar al extranjero para poder abortar.


La política sanitaria de la Comunidad de Madrid parecía agotarse con la privatización de los servicios sanitarios. Los hospitales privados construidos con dinero público posiblemente den beneficios económicos privados pero no demuestran buenos resultados asistenciales. La atención primaria está saturada y en huelga, ya se citan hasta quince días de demora para la consulta. En la última reorganización administrativa desaparece la estructura de Salud Pública. Pero todavía se puede innovar, se puede potenciar la salud espiritual. La Inspección Sanitaria, tutora y vigilante de los derechos de los ciudadanos y de la calidad asistencial, está a la espera de su organización desde las trasferencias del INSALUD. Entre tanto, poco a poco, se van cerrando las inspecciones de Área; ya es frecuente que el ciudadano se encuentre con la puerta de la Inspección cerrada, no atienden público. Este nuevo objetivo, por la salud espiritual, podría representar una oportunidad para revitalizar la Inspección, reconvirtiendo a los inspectores médicos en exorcistas. Hay que ser positivos.

Santiago Porras Carrasco es Médico Inspector de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.