La Enfermedad del Dogmatismo; de Pablo Simón

Como complemento del artículo "Mente Sana en Cuerpo Sano" escrito por nuestro socio Santiago Porras y publicado en este blog el pasado 30 de abril, reproducimos a continuación el artículo La Enfermedad del Dogmatismo, de Pablo Simón, publicado el día 29 de abril en el diario El País (Clic en este enlace para acceder al original), que ilustramos con sendas viñetas del mismo medio, de Romeu y El Roto.

La Enfermedad del Dogmatismo

«El texto del Convenio firmado entre la Comunidad Autónoma y el Arzobispado de Madrid en que se establece que los miembros del Servicio de Asistencia Religiosa Católica formarán parte de los Comités Asistenciales de Ética (CAE) y de los Equipos Multidisciplinares de Cuidados Paliativos (EMCP) está mal redactado y es equívoco. Parece imponer dicha presencia de una manera inadecuada, sobre todo en el caso de los EMCP, que son servicios puramente clínicos. No es aceptable imponer en ellos sacerdotes cuando muchos no tienen ni siquiera psicólogos clínicos, una figura más acorde con las obligaciones asistenciales de un Estado laico.

Pero lo más llamativo de esta polémica ha sido no tanto el contenido como el tono de los debates y declaraciones, que a veces han rayado en lo grosero. Sobre todo en lo relativo a la posible presencia de sacerdotes en los CAE, paradójicamente algo menos conflictivo que su integración en los EMCP. A mi modo de ver, esta polémica encendida muestra lo mucho que nos queda todavía por avanzar en la senda del pluralismo moral.

El pluralismo moral es uno de los pilares de las sociedades liberales, democráticas y modernas. Consiste en aceptar la libre concurrencia de todas las opiniones morales personales y colectivas en el espacio público, con el objeto de deliberar y consensuar los mínimos éticos y jurídicos que deben configurar dicho espacio como un marco de convivencia en paz y libertad.

Dos requisitos formales debe cumplir cualquier posición moral particular para entrar en dicho debate. Uno es no ejercer ninguna forma de violencia para imponer su punto de vista, sino argumentar desde el respeto a los demás. Otro, reconocer a todos los demás como interlocutores válidos en condiciones de simetría moral. Negar al otro la posibilidad de expresar su punto de vista moral cuando cumple las condiciones anteriores, aunque esté fundamentado religiosamente, es un acto de intolerancia. Negárselo, precisamente por estar fundado religiosamente, es un acto de dogmatismo moral. Es el mismo fundamentalismo que ha practicado durante siglos la Iglesia católica oficial al negar a los no creyentes la posibilidad de ser interlocutores y actores de la vida moral, pero ahora de signo contrario.


Los Comités Asistenciales de Ética (CAE) nacieron en los hospitales norteamericanos en los años setenta. Constituyeron un intento de buscar salida a la dificultad para afrontar los problemas morales del acelerado desarrollo de la tecnología médica en marcos de un pluralismo moral extremo: cirujano agnóstico republicano, médico judío demócrata, enfermera protestante, trabajadora social musulmana, paciente afroamericano, etc., etc. El objetivo era tratar de generar espacios deliberativos donde pudieran encontrarse diferentes puntos de vista morales. Por eso, desde entonces, han sido y son espacios multidisciplinares, donde debe haber profesionales sanitarios de todo tipo, juristas, trabajadores sociales y, muy importante, ciudadanos de a pie. En casi todos los países del mundo se acepta además que en dichos Comités haya sacerdotes o pastores de las confesiones religiosas prevalentes en la comunidad atendida por el hospital. La Guía de creación de Comités de Ética de la Unesco así lo reconoce. Muchos CAE de España, de comunidades autónomas de signo político bien diferente, cuentan con sacerdotes entre sus miembros.

Y es que un CAE no es excluyente respecto a los puntos de vista morales diferentes, sino incluyente. Los únicos requisitos que debe cumplir un miembro de un Comité son los que se han señalado más arriba. El criterio para excluir a alguien de un CAE, por tanto, no es si es creyente o no, porque esto forma parte de la libertad de las personas, sino si es intolerante o no. Es la intolerancia la que incapacita para estar en un Comité, no la creencia. Si un capellán de hospital piensa que su punto de vista moral es el verdadero, el único que debe aceptarse y seguirse, entonces no puede pertenecer a un CAE, por mucho que lo diga el Convenio de la Comunidad de Madrid. Pero lo mismo sucede si es un médico, un jurista o... el especialista de bioética.

De todas formas, los CAE nunca emiten dictámenes vinculantes para los profesionales, sino sólo recomendaciones éticas basadas en argumentos. Es la propia calidad de esos argumentos la que en todo caso les da peso y autoridad moral ante los clínicos. Pero nada más. Son los profesionales los que toman las decisiones clínicas junto con los pacientes, o con sus familiares si el paciente es incapaz. Para ello deben barajar juntos muchas razones: científicas, sociales, psicológicas, y también morales. El informe de un Comité sólo pretende ayudar a los profesionales y pacientes a determinar cuáles pueden ser las mejores de estas últimas.

Por eso, los Comités son un auténtico laboratorio de ética cívica, laica y republicana, una herramienta al servicio del pluralismo. Tenemos que cuidarlos y no quemarlos con disputas de dogmatismo partidista que lo único que revelan es una profunda ignorancia intelectual y moral. Paradojas de la vida, el primer CAE lo creó en España, en Cataluña, un sacerdote jesuita, el P. Francesc Abel. Todo un maestro del pluralismo, toda una vida en contra del dogmatismo viniera de donde viniese.»

Pablo Simón Lorda es profesor de Bioética en la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada.

Mente Sana en Cuerpo Sano; por Santiago Porras Carrasco

La semana pasada los medios de comunicación publicaban el acuerdo de Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Rouco, cardenal arzobispo de la capital, para que los curas participen en los comités éticos de los hospitales. (Véase El País del 24/04/2008).

Esta noticia me ha hecho recordar cuando estudiaba en el hospital. A media tarde aparecía aquella simpática monjita en el pasillo del hospital y a grito pelado empezaba a cantar el rosario; poco a poco los enfermos iban asomando sus cabecitas por la puerta, no sé si movidos por la fe o asustados por los gritos. Cualquiera que viaje hoy a un país musulmán puede ver algo similar, aunque en estos casos se habla de integrismo religioso. No sé dónde está la diferencia.

No es mi intención hacer burla de ninguna ideología religiosa ni desprecio a ningún creyente de buena fe. Aunque no comparta su ideología, me parecen admirables todas esas personas que guiadas por su fe se han comprometido a ayudar al necesitado, llevando una vida extremadamente penosa, hasta el límite de perderla violentamente en muchas ocasiones. Me parece el mayor ejemplo de generosidad humana, mayor incluso que la entrega de la madre por un hijo. Sin embargo, poca generosidad encuentro en este afán vigilante censor de las autoridades eclesiásticas y civiles de la Comunidad de Madrid, que encajan mejor con lo mundano que con lo divino.



Este acuerdo amplía las funciones de los curas que asisten a los hospitales, hasta ahora limitadas a la asesoría religiosa, "incluyendo la participación en los Comités de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos". Noticia que después quería negar el consejero Güemes con medias verdades.

Lo primero que sorprende de este acuerdo, y de los anteriores, entre la administración pública y la iglesia es el sigilo con que se firman. El mismo alcalde de Madrid ha declarado que no puede opinar porque lo desconoce. Este sigilo entre quien predica que "dios todo lo ve" y quien tiene la obligación legal de actuar con transparencia y publicidad no barrunta nada bueno. Pienso que es un asunto de gran interés para los ciudadanos, como lo demuestra el revuelo en la prensa, y sería sencillo darlo a conocer. No es necesario empapelar el metro de Madrid como se hizo con la propaganda de la reducción de las listas de espera, que costo dos millones de euros. Bastaría con colgarlo en la web de la Comunidad de Madrid. Esto es lo correcto en un estado democrático gobernado por políticos respetuosos con sus ciudadanos. La publicidad permitiría un debate positivo, que exige conocer previamente de lo que se habla, y evitaría el debate absurdo sobre si el acuerdo pone o no pone, así como las ya habituales y peregrinas explicaciones de la Consejería de Sanidad, que ha dicho que es una renovación de acuerdos anteriores, firmados inicialmente en 1985 y que “nadie ajeno a la asistencia sanitaria pueda tomar decisiones clínicas”. Al margen de que no se niega la mayor, en 1985 no existían los comités de ética y después de esa fecha se han aprobado otras normas legales como la Ley 14/1986, General de Sanidad; la Ley 41/2002, de autonomía del paciente; la Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid o la ratificación del Convenio de Oviedo, entre otras. Todas estas normas, en un Estado de Derecho, democrático y laico obligan a la Administración Pública a explicar a sus ciudadanos con más detalle ese acuerdo con una organización religiosa.


Lo cierto es que el citado acuerdo sí pone lo que dice la prensa, en la cláusula tercera, 2: “que el servicio de asistencia religiosa católica formará parte del comité de ética y del equipo interdisciplinar de cuidados paliativos”. No que pueda participar sino que formará parte. Es decir su presencia es obligatoria. Además el acuerdo obliga al centro hospitalario a soportar el coste económico de estos servicios religiosos, que no están incluidos en las prestaciones sanitarias, y sólo para los católicos. El texto del convenio puede descargarse en este enlace.

Los comités de ética son órganos de reciente aparición, en la Comunidad de Madrid se regulan por el decreto 61/2003. Tienen la misión de asesorar y ayudar al médico (función que antes cumplía la inspección sanitaria) y no tienen carácter vinculante, por lo que sus miembros, curas o no, efectivamente no toman decisiones, pero sí influyen, en algunos casos mucho, en el médico que las toma.

Su regulación legal pretende resolver situaciones conflictivas, cada vez más frecuentes, en las que al médico se le plantean dudas éticas sobre la postura más conveniente, bien por el riesgo o penosidad de algunos tratamientos o la influencia de las convicciones personales del paciente. Como las transfusiones a los testigos de Jehová, que tantos conflictos y demandas han generado, y en las que incluso, en alguna ocasión, hasta el mismo juez se ha visto demandado. Es evidente que la presencia de representantes religiosos, sea de la religión que sea, sesga estos comités, mucho más si solo son de una religión, transformándose en vigilantes morales del médico, lo que no está previsto en su regulación legal ni es admisible es un Estado democrático y laico. Incluso pueden agravar el conflicto que se pretende resolver, porque ahora el médico podrá verse entre el enfermo y el comité, con posiciones enfrentadas, sin compartir ninguna de las dos. No sé si dios ganara almas pero el enfermo pierde seguridad y derechos. Y es que más que llover, diluvia sobre mojado.


En el servicio de urgencias del Hospital “Severo Ochoa” de Leganés se aplicaban cuidados paliativos a los enfermos terminales, como en cualquier otro hospital. Fueron acusados por dedo anónimo de cometer pecado de eutanasia y condenados inmediatamente por la consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid.

De nada ha valido que la justicia terrenal los absuelva. El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar, (El País, 21/03/2008) lo explicó: “la muerte de Jesucristo en la cruz fue absolutamente digna a pesar de que no tuvo cuidados paliativos". Ahora los médicos, ante un enfermo terminal, se lo piensan dos veces antes de pecar, mientras tanto el enfermo sufre.

El riesgo de que se sustituyan las modernas unidades de cuidados intensivos por patios llenos de cruces es alto. El hospital tendría una impresionante reducción de gasto, dado el elevado coste de las UCI y aumenta enormemente el número de metros construidos que es el dato fundamental ahora para presentar los nuevos hospitales.

Recientemente también leíamos en la prensa la actuación de unos agentes de la Guardia Civil del SEPRONA que, desobedeciendo las órdenes del juez competente, habían estado investigando una clínica donde se realizaban interrupciones del embarazo. Según relataba el periódico, rebuscando en los cubos de basura de la clínica indicios del pecado de aborto (Véanse los diarios 20 Minutos y El País). Antes de la publicación de la noticia, la que entonces era directora general de la inspección sanitaria, explicaba orgullosa en TV que la Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaba colaborando con el SEPRONA. Ahora las madrileñas vuelven a viajar al extranjero para poder abortar.


La política sanitaria de la Comunidad de Madrid parecía agotarse con la privatización de los servicios sanitarios. Los hospitales privados construidos con dinero público posiblemente den beneficios económicos privados pero no demuestran buenos resultados asistenciales. La atención primaria está saturada y en huelga, ya se citan hasta quince días de demora para la consulta. En la última reorganización administrativa desaparece la estructura de Salud Pública. Pero todavía se puede innovar, se puede potenciar la salud espiritual. La Inspección Sanitaria, tutora y vigilante de los derechos de los ciudadanos y de la calidad asistencial, está a la espera de su organización desde las trasferencias del INSALUD. Entre tanto, poco a poco, se van cerrando las inspecciones de Área; ya es frecuente que el ciudadano se encuentre con la puerta de la Inspección cerrada, no atienden público. Este nuevo objetivo, por la salud espiritual, podría representar una oportunidad para revitalizar la Inspección, reconvirtiendo a los inspectores médicos en exorcistas. Hay que ser positivos.

Santiago Porras Carrasco es Médico Inspector de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Repercusiones de la Supresión de los Órganos Directivos de la Salud Pública de Madrid

Nuestro blog ya ha hecho referencia a esta situación en dos ocasiones: con motivo de la reorganización de la Consejería de Sanidad (Véase el comentario) y en el artículo sobre «El Informe SESPAS 2008». Sin embargo, a petición de socios y lectores, dada la profusión de repercusiones sobre el asunto, nos hacemos eco de nuevo mediante una reseña, una presentación humorística y la reproducción de un gran artículo de Andreu Segura en el diario El País.

«Catedráticos de Salud Pública rechazan la decisión de Güemes» (Diario Médico, 14/04/2008)

El 14 de abril de 2008, Diario Médico se hizo eco del rechazo generalizado que la supresión de los órganos directivos de la Salud Publica de Madrid habían producido entre los profesionales de esta especialidad de toda España. Y como muestra, se recogen los testimonios de los respectivos catedráticos de Alicante, Madrid y Valencia, que pueden ser leídas en la reproducción gráfica que se acompaña (hacer clic sobre la imagen para agrandarla).


La Carrera Profesional de Salud Pública en clave de Asterix

A través de los compañeros de Castilla La Mancha hemos recibido una graciosa adaptación del comic de Asterix sobre las vicisitudes e incomprensiones que rodean la consecución de la Carrera Profesional de Salud Pública, por otra parte, bastante parecidas a las que afectan a la Inspección Sanitaria.

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«La Singularidad de la Salud Publica» (El País, 22/04/2008)

Uno de los cambios más destacados de la reciente reorganización administrativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sido la fragmentación de las funciones y responsabilidades de la antigua Dirección General de Salud Pública entre distintos órganos de dirección, de forma que desaparece como tal. Los decretos que regulan estos cambios no incluyen explicación alguna de los motivos que han llevado a los responsables políticos a tomar esta importante decisión, lo cual da pie a suposiciones que tal vez sean erróneas. De modo que, en lugar de conjeturas sobre eventuales restricciones económicas que no parece que impliquen ahorros sustantivos, hipotéticas ineficiencias o supuestas discrepancias ideológicas acerca del papel de la salud pública en el sistema sanitario público madrileño, quizá valga más la pena plantear qué es lo que puede perderse al disminuir el rango político de la salud pública.

Pero antes debe saberse que Madrid no es la única Administración sanitaria autonómica que ha tomado una decisión como ésta. En algún momento otras autonomías han explorado esta posibilidad, aunque, como ocurrió en Aragón, luego se volviera atrás. No obstante, hace casi un año, tras la promulgación de la Ley de Salud de Extremadura, el posterior decreto que establecía la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Dependencia de aquella comunidad suprimió la dirección general de marras. La iniciativa no tuvo mucho eco, a pesar de que a finales de agosto requirió una rectificación por parte de la Consejería de Administración Pública y Hacienda dado que algunas competencias huérfanas hubieron de reubicarse en el organigrama.

Sin desmerecer la trascendencia de la decisión extremeña de la que, por cierto, convendría analizar sus efectos, la iniciativa de Madrid es de mayor impacto. No sólo porque se trata de la tercera comunidad española desde el punto de vista demográfico, sino también por su papel como referente, que en el ámbito específico de la salud pública ha sido especialmente destacado, entre otras cosas, porque en Madrid se ha desarrollado una red periférica de centros propios de salud pública, más allá de la reminiscencia de las vetustas jefaturas provinciales de sanidad, si bien desde otras comunidades como Valencia y Cataluña se llevan a cabo iniciativas que refuerzan las instituciones de la salud pública.

¿Qué se puede perder, pues, con la desaparición de la Dirección General de Salud Pública? En primer lugar, protagonismo y claridad, las facilidades que un nivel suficiente de representación otorga para reconocer mejor las contribuciones a la mejora de la salud de la población, tanto directamente como a través de una más intensa y relevante colaboración con el conjunto del sistema sanitario. En segundo lugar, integración entre funciones y competencias, como la vigilancia de la salud y la epidemiología, la protección y la promoción de la salud colectivas.

Claro que el hábito no hace al monje y no asegura el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. Claro que también el papel de la salud pública en el sistema sanitario español ha sido hasta el momento bastante marginal y su influencia menguada. Pero rebajar su nivel representativo podría significar una mayor marginación y aun más, obstaculizar la necesaria reacción de la sanidad española frente al consumismo y la medicalización. A esta reorientación podría contribuir decisivamente una salud pública vigorosa, dado que es el único componente del sistema sanitario que tiene como objetivo explícito la salud de la población en su conjunto que, conviene remarcar, no es la simple suma de la salud de las personas que la constituyen.

El simple mantenimiento de las direcciones generales no garantiza desde luego esta adaptación, sino que requiere una revitalización enérgica en términos de responsabilidades y competencias y de exigencia de calidad profesional, algo que parece más fácil de conseguir mediante instituciones capaces de influir en el diseño y la ejecución de las políticas de salud y de las políticas sanitarias. Todo ello sin olvidar el papel específico de la salud pública en la protección colectiva de la salud, argumento que resalta el comunicado de los trabajadores y profesionales madrileños que han manifestado su preocupación y alarma frente a la medida. La pérdida de influencia de la perspectiva poblacional lleva a que las actividades colectivas de protección y de promoción de la salud se desarrollen desde otros ámbitos, como ha pasado ya con muchas responsabilidades de la higiene y el saneamiento ambiental, a pesar de ser determinantes principales de la salud de la población y de haber sido las actividades originarias del salubrismo.

Los clásicos consideraban que, dado su objeto que es toda la población, la salud pública debería acoger al conjunto de los componentes del sistema sanitario y no verse reducida a una simple rama. Una reivindicación más bien utópica en los tiempos que corren. Sin embargo, distinguir suficientemente su singularidad en el conjunto de la sanidad no sólo parece posible, sino también deseable. El valor añadido que hay que exigir a la salud pública lo justifica.

Andreu Segura es profesor de Salud Pública de la UB y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). asegurabene@ub.edu

Comunicado de los Profesionales de Salud Pública de Madrid

El "Comunicado de los Trabajadores y Trabajadoras de Salud Pública de la Comunidad de Madrid", de fecha 10 de abril de 2008, por el que se rechaza la supresión de la estructura de Salud Pública de la sanidad madrileña, en archivo pdf puede obtenerse en este enlace. También disponen de un Blog cuya dirección (url) es: http://saludpublicamadrid.blogspot.com/

IX Feria Madrid Es Ciencia 2008

Del 24 al 27 de abril, se celebra en el Parque Ferial Juan Carlos I, en los pabellones 12 y 14 de IFEMA (Institución FErial de MAdrid), la novena edición de la feria "madridesciencia" organizada por la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Ver folleto en este enlace.

Con la colaboración de 220 entidades participantes entre centros educativos, museos, centros de investigación, reales sociedades, universidades, empresas, fundaciones, asociaciones científicas, ONG’S, se han programado más de 600 actividades interactivas y participativas. Éstas se estructuran en las siguiente áreas temáticas: El Agua y el Planeta Tierra; Ciudad; Matemáticas; +C+i; la ciencia y los niños; la sociedad en la ciencia; Madrid es ciencia, una feria abierta. En el stand 119, la Consejería de Sanidad ha organizado una serie de actividades de promoción de la salud relacionadas con la alimentación y estilo de vida saludable, así como de prevención de hábitos perjudiciales para la salud.


Como indican los organizadores, «la Feria Madrid es Ciencia es un proyecto de sensibilización pública hacia la ciencia que nace en el año 2000 dentro del marco del Programa de Ciencia y Sociedad del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT). Entre sus principales objetivos se encuentra el de promover el debate público sobre ciencia y tecnología, mejorando el acceso a la información y fomentando el asesoramiento especializado y la participación ciudadana en ciencia y tecnología. Su fin es sacar la ciencia y la tecnología a la calle, lejos de sus lugares habituales (del laboratorio, del aula y del centro de investigación), fuera incluso de sus foros canónicos de comunicación y transmisión (la academia, el museo y los ateneos).

La Feria Madrid es Ciencia busca además que sean sus propios protagonistas (alumnos, profesores, investigadores, académicos,…) quienes nos la muestren y expliquen en toda su belleza y con todas sus implicaciones para nuestra vida diaria. Éste es el gran reto de la Feria Madrid es Ciencia, que no sólo pretende resolver la demanda de información científica, sino que, poniendo en contacto directo a científicos y ciudadanos, busca también definir un nuevo espacio social para la participación y el diálogo. Una Feria que apuesta, en definitiva, por una ciencia ciudadana, de todos y para todos.»

Carta Abierta a Güemes, de Guillermo Sierra (El País, 23/04/2008)

Por su interés general y porque trata sobre la Carrera Profesional y su lógica aplicación a la Inspección Sanitaria (que también ve pacientes) y a Salud Pública (párrafo destacado en cursiva verde por los editores del blog), reproducimos la "Carta abierta a Güemes", del Dr. Guillermo Sierra, que publicaba ayer el diario El País dentro de una tribuna titulada "Análisis: Conflictos en los servicios públicos".

«Permítame dirigirme a usted en una carta abierta, me hubiera gustado hacerlo personalmente.

Imagino su preocupación y en algunos momentos sorpresa por el conflicto existente en la Atención Primaria. Una vez más, consejero, me afianzo en la idea de que son imprescindibles organizaciones profesionales que lideren los cambios necesarios en la sanidad y que sepan gestionar las situaciones de crisis.

Los médicos de Atención Primaria -y el resto también, no piense que son sólo éstos- están cansados, pero no sólo de la gran sobrecarga asistencial y del escaso reconocimiento social y retributivo; están cansados sobre todo de no poder ejercer la profesión como se merecen los pacientes que depositan su confianza en ellos. La situación planteada en este conflicto viene de antiguo. Desde que propiciamos los acuerdos de Buitrago, hace más de cuatro años, se ha avanzado muy poco, y todos recordamos un sinfín de ocasiones en la que los médicos de Atención Primaria han manifestado la necesidad y urgencia de mejorar la realidad de los centros de salud. Si la protesta continúa es que no se están resolviendo los problemas. Le pedimos que escuche a los profesionales y a sus organizaciones.

He leído con atención sus declaraciones públicas y se sorprende de que los facultativos reclamen que el periodo de formación como médico interno residente (MIR) compute en la carrera profesional. Temo que su rechazo a esta petición responde a que el concepto de carrera profesional no ha sido definido adecuadamente.

Estoy seguro, señor consejero, de que usted entiende perfectamente que el esfuerzo de un profesional para acceder a un periodo de formación a través de un examen estatal, así como el empeño durante los años que dura el MIR -máxime cuando esta progresión continua es avalada por las diferentes Comisiones de Docencia-, deben ser contemplados como un mérito en la carrera profesional, pues no debemos olvidar que ésta constituye el reconocimiento de los conocimientos, las habilidades, el tiempo trabajado, los esfuerzos y los méritos de investigación durante el ejercicio de la profesión. No hay, pues, razones para negar que la formación MIR se incluya en la carrera profesional.

Tampoco hay motivos para que la carrera profesional no esté desarrollada en algunas modalidades de ejercicio profesional: la carrera profesional no debe diferir trabajes en el sector público, en el sector privado o en puestos que, siendo muy importantes para la sanidad, no requieren ver pacientes (salud pública, inspección...). Ni tampoco hay razones para que vaya ligada a la estabilidad en el empleo. Se puede ser interino (máxime cuando ésta es una situación que suele provocar la Administración por no convocar plazas con la periodicidad exigida) y tener unos méritos extraordinarios que deben ser reconocidos, a diferencia de lo que ahora ocurre, en el nivel correspondiente de la carrera.

La situación es insostenible y las soluciones para recuperar la Atención Primaria pasan no sólo por la reducción del número de pacientes adscritos a cada médico y por la desburocratización. También tienen que replantearse los roles de los distintos profesionales, a la vez que se les otorga mayor autonomía y responsabilidad en su gestión.

Confío en que no deposite sus esperanzas en que los médicos abandonen el conflicto por puro cansancio. Esto acarrearía un perjuicio grave para el sistema sanitario, pues aumentaría la desmotivación, lo que incide negativamente en la calidad de la asistencia.

Espero, en cambio, que el enfrentamiento termine pronto, que los médicos mejoren sus condiciones laborales, sus condiciones profesionales y se sientan más reconocidos, que los pacientes se beneficien de ello y que usted, señor consejero, coseche con el acuerdo un éxito de gestión.

Siempre a su disposición.»

Guillermo Sierra, es ex presidente de la Organización Médica Colegial (OMC).

El Informe SESPAS 2008

El martes 22 de abril, a las 11:00 h, se presentó en el Aula Pittaluga de la Escuela Nacional de Sanidad el "Informe SESPAS 2008". Debido a las restricciones actualmente existentes, para que desde las Inspecciones se asista a actividades de formación, congresos o eventos científicos de cualquier tipo, a los que vamos a costa de nuestros días de vacaciones, no pudimos estar en esa presentación, aunque ha sido recogida por diversos medios de comunicación (Acta Sanitaria, AZPrensa, Acceso, AndaluciaLiberal).

A la presentación acudieron el actual presidente de SESPAS, Lluis Bohigas, además de Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández Aguado, Carlos Álvarez Dardet y José Ramón Repullo, entre muchos otros.

El actual informe hace el número octavo desde su inicio en 1993, y mantiene su aparición bianual. El informe de este año se presenta articulado en cinco grandes capítulos: Información Sanitaria; Políticas de Salud Pública; Gestión y Planificación Sanitaria; La creación de un Sistema de Salud centrado en los Ciudadanos y Cooperación Internacional en Salud.

Durante la presentación, el presidente de SESPAS expuso que el objetivo del informe era «colaborar y ayudar a las Administraciones sanitarias a conseguir una Salud Pública basada en la experiencia, a pensar sobre sus problemas estructurales y avanzar para que las políticas que se aplican en esta materia sean efectivas y no sólo relevantes ante crisis sanitarias».



El informe pone, asimismo, en evidencia "el falso discurso de que el paciente es el centro del sistema", algo que en opinión de Beatriz González perjudica considerablemente al sistema. «A lo largo del informe y, a través de los sucesivos capítulos, demostramos como el paciente está sujeto a una especie de despotismo sanitario, "todo para el paciente pero sin el paciente"», según sus palabras.

También se abordó la problemática de los Sistemas de Información y la falta de consenso entre las Comunidades Autónomas.

El informe de este año se puede descargar en los siguientes enlaces: Acta Sanitaria y Doyma. Si se está interesado en los informes de años anteriores se pueden consultar en la página de SESPAS.

Para finalizar, desearíamos recomendar la lectura del artículo del Informe titulado "Gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud: mejorando el balance entre los beneficios y los costes de descentralización" de José Ramón Repullo y José Manuel Freire, ambos inspectores y de reconocido prestigio. En el abordan la necesidad de la introducción de reformas en el Sistema Sanitario, que puedan conducir al mantenimiento del mismo.

En estos tiempos difíciles donde lo público se cuestiona cotidianamente y la "Salud Pública" es aparentemente infravalorada (la reorganización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y los problemas en torno al Instituto de Salud Carlos III son ejemplos de esta situación), se precisa una reflexión de las necesidades y objetivos de las intervenciones públicas sobre la salud, este informe contribuye a ello, por lo que agradecemos a todos los autores su trabajo cotidiano.

Reseña realizada por Jesús Rodríguez Sánchez, Médico Inspector de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.