Ley 35/2010, de Reforma del Mercado de Trabajo, ¡y de la Incapacidad Temporal (IT)!; por J Morán

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 18 de septiembre de 2010 se ha publicado la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Es patente la enorme controversia política y social que dicha Ley está produciendo en la sociedad española por su asunto central de reforma del mercado laboral. Pero parecen haber pasado desapercibidos otros aspectos de la misma que afectan a derechos de Seguridad Social y de asistencia sanitaria, a través de nuevas reformas de la Incapacidad Temporal (IT). Ello, tanto en aspectos económicos y asistenciales (en relación con las Mutuas) como asistenciales del propio Sistema Nacional de Salud (SNS) que modifican y amplian la capacidad funcional de los “Inspectores Médicos” del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y del ISM (Instituto Social de la Marina) equiparándolos a los “Médicos Inspectores” de la Inspección de Servicios Sanitarios (ISS) del SNS.

Los cambios normativos de la IT (que no se encontraban en el previo Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo), vienen recogidos en la “Disposición adicional decimonovena. Mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal”, en la pág. 42 del archivo pdf publicado en el BOE citado. La misma consta de cinco puntos, que recogemos en imágenes con texto destacado (iluminado) y que transcribimos para comentarla (texto en color verde).

Disposición adicional decimonovena. Mejora de la gestión de la Incapacidad temporal.

Se modifica la Ley General de Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 73, con la siguiente redacción:

«4. Las Mutuas podrán destinar una parte de los excedentes obtenidos en la gestión de las contingencias profesionales o de la incapacidad temporal por enfermedad común al establecimiento de sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias comunes de las empresas, en los términos que se establezcan reglamentariamente, siempre que hayan reducido los costes de la incapacidad temporal, por debajo de los límites establecidos, o que hayan obtenido una reducción significativa de estos costes como consecuencia de la aplicación de planes pactados en el ámbito de la empresa con la representación de los trabajadores que modifiquen las condiciones de trabajo, flexibilicen el cambio de puesto de trabajo de los trabajadores afectados por enfermedad común y mejoren el control del absentismo injustificado. Las reducciones de cotización serán proporcionales a los ahorros de costes generados al sistema a través de estos procesos de colaboración».

Mediante esta modificación se pretende incentivar económicamente una mayor responsabilidad de las empresas en la gestión de la reducción de la IT, actuando sobre los factores en los que tienen alguna influencia.

Dos. Se suprime el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 131 bis.

Tres. Se adiciona un tercer párrafo a la disposición adicional cuadragésima, con la siguiente redacción:

«La inspección médica de los servicios públicos de salud podrá solicitar la remisión de los datos médicos, necesarios para el ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las entidades gestoras de la Seguridad Social.»

La verdad es que este punto “Tres” resulta absolutamente incoherente con el resto de la reforma. Si se nos quiere “fuera del camino” para que diantre se nos faculta “solicitar”, que no “recibir” información médica; ya puestos, mejor darle la vuelta a la redacción “la Seguridad Social remitirá a la inspección médica...información clínico laboral...”.

Cuatro. Se adiciona una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quincuagésima primera. Gastos por la anticipación de la readaptación de los trabajadores en incapacidad temporal por contingencias comunes.

La Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social asumirán a su cargo, sin perjuicio del posible resarcimiento posterior por los Servicios de Salud o por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social el coste originado por la realización de pruebas diagnósticas, tratamientos y procesos de recuperación funcional dirigidos a evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes de los trabajadores del sistema de la Seguridad Social, y que deriven de los acuerdos o convenios a que se refieren los artículos 12.4 y 83 del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.»

El artículo 83 del RD 1993/1995, según redacción del Real Decreto 576/1997, ya preveía la posibilidad de las MATEPSS (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social) de resarcirse del gasto de la realización de pruebas o tratamientos propuestos por ellas y autorizados por el SNS (mediante la ISS), de acuerdo con el artículo 82 de dichas normas. Sin embargo, la verdadera compensación era el ahorro en el pago de la prestación de IT por el acortamiento de plazos en la realización de los procedimientos sanitarios (y altas más precoces). Por ello, al amparo del criterio del Consejo Interterritorial del SNS, las CC AA no suscribieron convenios con las MATEPSS que reconocieran tales resarcimientos.

Viene al caso comentar aquí la suspensión por parte de las MATEPSS, desde fines de junio de 2010, de la realización de pruebas o tratamientos para agilizar la resolución de los procesos de IT. Ello se debe al resultado de una auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social a la mutua IberMutuaMur en la que se ha cuestionado como una presunta irregularidad el hecho de que no se hubiera resarcido de los costes de los procedimientos realizados. La reacción de esta mutua y de la asociación de todas ellas (AMAT) no se ha hecho esperar y el resultado ha sido la mencionada suspensión y el consecuente empeoramiento de la evolución de la IT. La novedad de la nueva redacción es que no se contempla que el SNS, es decir los médicos responsables de la curación de los pacientes, deba dar su conformidad para su realización (como sí preveía el citado artículo 82).

Cinco. Se añade una nueva disposición adicional con el siguiente contenido:

«Disposición adicional quincuagésima segunda. Competencias sobre los procesos de Incapacidad Temporal.

Hasta el cumplimiento de la duración máxima de trescientos sesenta y cinco días de los procesos de incapacidad temporal del Sistema de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, a través de los Inspectores Médicos adscritos a dichas entidades, ejercerán las mismas competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo Servicio Público de Salud, para emitir un alta médica a todos los efectos. Cuando el alta haya sido expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, éstos serán los únicos competentes, a través de sus propios médicos, para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal si aquélla se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes a la citada alta médica por la misma o similar patología.

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, determinará la fecha a partir de la cual se asumirán las funciones atribuidas en el párrafo anterior.»

En este punto es en el que se da el verdadero salto cualitativo de la reforma de la IT. En él se faculta a los “Médicos Evaluadores” del INSS/ISM, ahora referidos como “Inspectores Médicos”, a dar el “alta médica a todos los efectos” a los pacientes en IT, de manera directa y sin contar ni con su Médico de Familia ni con la ISS. Además, como “alta por inspección”, a la que la asimilan, le aplican la reserva de ser los únicos competentes para dar una nueva baja (por igual o similar patología) en los seis meses siguientes. Ello en aplicación de la preconstitucional Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de marzo de 1974, promulgada para la Inspección de Servicios Sanitarios y de la que excepcionalmente se hace uso. Porque la mayoría de Médicos Inspectores considera que con el “alta por inspección” se sustituye la acción propia del Médico asistencial, relevándole de una responsabilidad que es suya (como lo fue dar la baja) y produciéndole una desautorización, que sólo en casos graves y flagrantes debería darse. Precisamente por ello, la OM de 21/03/74 preveía la creación de un “Tribunal Provincial de Bajas”, para dirimir las discrepancias de los Médicos contra dichas altas. Es mucho más razonable acordar o proponer el alta tras el diálogo sobre el estado evolutivo del paciente y su adaptación al puesto de trabajo. Esto ha pasado a la historia, y no se sabe como se dirimirán las casi seguras discrepancias que van a surgir.

En conclusión, esta nueva reforma es otro paso más en la estrategia de desconfianza del INSS hacia la gestión de la IT por los Médicos del SNS y hacia el control que han venido desarrollando las diferentes ISS del mismo. Una vez más, el Estado central, a iniciativa del Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIn) e INSS, legislan unilateralmente sobre aspectos de la gestión de los Servicios Regionales de Salud (SS RR SS) transferidos a las CC AA, decidiendo aspectos de los procedimientos asistenciales de los Médicos y de las prioridades funcionales de la ISS.

A pesar de la ingente cantidad de recursos invertidos desde mediados de los años noventa en la hipertrofia (cuadruplicación de plantillas y cientos de millones de euros) de los controles sanitarios del INSS y de las MATEPSS no ha habido mejoras evidentes de la IT. Porque el Médico de Familia, verdadero agente de la prestación (colateral) de la asistencia sanitaria (principal) no ha sido reforzado en la misma proporción y porque los procedimientos de reconocimiento de la IT tienen un diseño obsoleto por mucho que se informatice. Lo mismo puede decirse de la Inspección Sanitaria, descapitalizada a lo largo de los años mediante reducción y envejecimiento de sus plantillas.

Reproducción cedida desde http://urioste.wordpress.com/2010/07/04/los-otros/

Por puro realismo, hemos de reconocer la línea estratégica seguida por MTIn e INSS para “expropiar” las funciones de la ISS y, en parte, de los mismos Médicos asistenciales del SNS. Aunque no pueda sino leerse como una huída hacia delante, extralimitándose de la que es su “línea de negocio natural”, la gestión estatal económico administrativa de la IT, y adentrándose en el terreno sanitario asistencial de los SS RR SS transferidos, ante la pasividad de las CC AA y del Ministerio de Sanidad y Política Social (¿Hay alguien ahí?). Y están a punto de alcanzar su objetivo de eliminar a cualquier intermediario, sean los Médicos Inspectores o los Médicos asistenciales, que se interponga entre la gestión de su presupuesto y el paciente que se lo gasta. En favor de los Médicos Evaluadores del INSS/ISM diré que, en general, rechazan este rol vicario que la Seguridad Social les hace desempeñar, frente al reconocido protagonismo de los Médicos de Familia como gestores primarios de la IT.

Y, consecuentemente con lo anterior, deberíamos entender el control de la IT como una función agónica, como una vía muerta, sin más futuro que el de ir parcheando de mala manera las parcelas permitidas por el expansionismo descrito. Aunque en sus tiempos fue una función importante, de cara al futuro habría que plantearse dejar de lado de nuestras prioridades y funciones el control de prestaciones sociales superpuestas al Sistema Sanitario, como la IT. Y promover un modelo profesional que respondiera a la esencia de la denominación de “Inspección de Servicios Sanitarios”, muchas de cuyas funciones han resultado eclipsadas o postergadas (y en riesgo de perderse, como los informes de Responsabilidad Patrimonial) a costa de la IT, que con viento fresco se la lleven.

José M.ª Morán Llanes es Médico Inspector, Máster en Salud Pública y Presidente de la AISSMa.