La Inspección Sanitaria en Madrid y la Responsabilidad Patrimonial; por J Rodríguez

Tengo la sensación de que los informes de la Inspección Sanitaria en relación con la Responsabilidad Patrimonial no interesan mucho a nuestros dirigentes. Quizá eso se enmarca en la idea de asignar funciones de Inspección a la nueva Gerencia de Atención Primaria del Área Única, y en los rumores de “externalizar” estos informes. Si se analiza la situación en la Comunidad de Madrid y se compara con lo existente en otras Comunidades Autónomas los resultados no son muy alentadores.

La Organización de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria, delegó la competencia en materia de responsabilidad patrimonial en la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, tanto para la tramitación como para la resolución de los mismos (Decreto 24/2008 y Orden 387/2008). En el Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 2009 (Orden 508/2009) se establece en el punto II.4.1 programa de responsabilidad patrimonial como objetivo, el “Mejorar la gestión de las responsabilidades patrimoniales en el ámbito competencial de la inspección”.

El 11 de febrero de este año se remitió por correo interno a todas las Inspecciones de Madrid, la Instrucción de 21 de enero de 2010 de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, por la que se «regula la tramitación de los expedientes administrativos con ocasión de procedimientos de exigencia de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la asistencia sanitaria en el Servicio Madrileño de Salud». En su instrucción novena se establece, que el instructor del expediente (de la viceconsejería) podrá solicitar informe pericial a la Inspección Sanitaria de la Comunidad de Madrid cuando así lo considere oportuno, siendo el plazo máximo para la emisión del informe pericial de 15 días hábiles desde la solicitud, que podrán ampliarse a 20 cuando la complejidad o las especiales circunstancias del caso así lo exijan.

Instrucción de 21/01/10 de Viceconsejera de Asistencia Sanitaria

Esta instrucción parece dar escaso valor a los informes técnicos emitidos por la Inspección Sanitaria en estos casos, en contraste con la gran consideración que tienen tanto en el mundo jurídico, incluyendo el estamento judicial, como en el sanitario, ya que estos informes gozan de reconocido prestigio por los profesionales sanitarios, que reconocen el buen hacer de la Inspección Sanitaria en su conjunto.

Por otra parte, al exponer que se podrá solicitar, deja sin efecto la consideración de informe preceptivo de la Inspección Sanitaria, que era la consideración que tenía en su origen en el INSALUD, y que se mantiene explícitamente en las disposiciones de diversas Comunidades Autónomas (como por ejemplo Asturias).

Otro tema a valorar sería la consideración de pericial del propio informe, que parece asimilarse al emitido por la Compañía Aseguradora. Si revisamos los Planes de Inspección de las Comunidades Autónomas, nos encontramos con una variedad de situaciones léxicas, aunque mayoritariamente se habla de informes técnico-sanitarios (Murcia, Baleares,...) y de informes técnicos (Castilla La Mancha, Cantabria,...) algunas Comunidades como la vasca habla de informes periciales y algunas usan ambos términos (Andalucía,...).
En cualquier caso cuando algún compañero ha sido citado en los Juzgados en relación con este tema, los jueces siempre han dejado claro, ante las preguntas de los abogados de los reclamantes, que la persona de la Inspección Sanitaria que acude no va en calidad de perito, como van los peritos de las partes, sino como técnicos, considerando nuestros informes como prueba documental, no como informes periciales de parte.

Esta disquisición tiene su importancia, máxime cuando se empieza a deslizar el rumor de una posible externalización de la realización de estos informes.
Desde el comienzo he defendido la calidad de los informes de Inspección Sanitaria. En Madrid, antes de las transferencias se realizó una valoración de los informes realizados hasta la fecha, al efecto de elaborar un sistema de registro que permitiese conocer la casuística relacionada con la responsabilidad patrimonial sanitaria en nuestra Comunidad con objeto de realizar una adecuada política de Gestión de Riesgos Sanitarios. Desgraciadamente, con las transferencias el trabajo se interrumpió y no se llegaron a publicar los resultados, pero doy fe de la excelencia y calidad de la práctica totalidad de los informes elaborados por la Inspección Sanitaria, algo que se quiere reiteradamente olvidar.

Por parte de los responsables de la Dirección General de Ordenación e Inspección, no parece haber existido mucho interés en estos años en la mejora e implicación de la Inspección Sanitaria en estos informes. Como ejemplo se puede comparar lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de 28 de julio de 2009 en relación con este tema por la aprobación del Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 2009, ya citado, y lo dispuesto, por ejemplo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 31 de marzo de este año, donde se aprueba el Plan Anual de Inspección de Andalucía. En éste se establecen como objetivos, no sólo la elaboración de informes, sino el desarrollo de una base de datos que permita el estudio y análisis de riesgos sanitarios, provenientes de los datos extraídos de los expedientes de responsabilidad patrimonial. Y generar un sistema de información compartido, basado en la explotación de los referidos datos y, en colaboración con otros servicios, el desarrollo de un sistema informatizado y unificado del procedimiento de gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial, potenciando el uso de los recursos de la biblioteca virtual del SSPA (Sistema Sanitario Público de Andalucía) como apoyo a la actividad de elaboración de los informes técnicos.

La participación en el desarrollo del sistema informático es importante, pues el sistema actual implantado en Madrid, no permite el acceso a una lectura adecuada de los documentos, y una serie de situaciones que hacen que el sistema utilizado dé mas problemas que los que teóricamente pretende solucionar.

Plantear la realización de un informe técnico en un plazo de 15 días hábiles ampliable a 20, parece desconocer que para la gran mayoría de nosotros la realización de estos informes es un trabajo añadido al cotidiano, y que cuando se reciben en períodos vacacionales, con la mitad de la plantilla de las Inspecciones de vacaciones, si el caso requiere un cierto estudio es tarea de titanes hacerlo en este tiempo. Sólo por comparar, indicar que la práctica totalidad de las CC AA que establecen un tiempo para la realización de estos informes, prevén un período de 30 días, acorde con la legislación vigente, justamente el doble que en Madrid. Además, llama la atención que, habitualmente cuando se reciben reclamaciones para hacer un informe de inspección, suele haber transcurrido más de un año desde la presentación de la reclamación y el envío de la historia clínica por parte de las Gerencias.

Parece oportuno y totalmente deseable mejorar los servicios que se prestan a nuestros ciudadanos, pero no parece la mejor manera, la de legislar sin escuchar a las partes interesadas, ni externalizar todos los servicios, ya que unos informes técnicos realizados por personal externo a la Inspección Sanitaria, resultarían obviamente informes periciales, donde estaría por definición ausente la imparcialidad que se le presupone a la Inspección Sanitaria, que goza la consideración de autoridad pública en la realización de sus funciones. Al final, se daría un peor servicio a los ciudadanos pero con un mayor coste, como la externalización de auditorías y evaluaciones ha demostrado sobradamente.

Para finalizar, entiendo que se debería mantener y mejorar la realización de estos informes técnicos, incluyendo a los Enfermeros Subinspectores, que en los casos en que se les ha encomendado su realización, lo han hecho de manera excelente.

Jesús Rodríguez Sánchez es Médico Inspector y Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.